EL MERCURIO.- El accidente de un bus Línea Azul que dejó seis muertos en Mostazal ha suscitado un amplio debate en torno a la fiscalización del transporte interurbano, el que se ha agudizado tras conocerse que el vehículo circulaba con una patente clonada, que no correspondía con su chasís. Inicialmente, el Gobierno anunció la suspensión de todas las frecuencias interurbanas manejadas por la empresa, la que ya registraba este año 76 infracciones y dos buses sacados de circulación. La firma, sin embargo, acogiéndose a una definición legal literal, mantuvo operativa su principal ruta (Chillán-Concepción), ante lo cual el Ministerio de Transportes resolvió ayer extender la suspensión a los servicios rurales.
El caso plantea interrogantes cuyo alcance excede la situación de una empresa específica, cual es si Chile cuenta en este ámbito con una institucionalidad fiscalizadora que opere de modo eficaz. Y la respuesta —a la luz de lo visto— no parece afirmativa. De hecho, lo que se esperaría fuera uno de los pilares del sistema, la revisión técnica obligatoria, deja abiertas varias preguntas. En ese proceso —al que la máquina accidentada había sido sometida hace algo más de un mes— no solo no se detectó la falta de coincidencia entre el número y los documentos, sino que —según se ha informado— el procedimiento se habría extendido por apenas 14 minutos, tiempo que no parece el suficiente para un chequeo exhaustivo. Más aún, los primeros peritajes de la SIAT han indicado que la causa del accidente habría sido el quiebre de la barra de estabilización de la dirección del bus, la que, debido a la falta de mantenimiento, se habría encontrado fisurada y oxidada.
Dicha falencia no solo no fue detectada en la revisión, sino que desde la propia planta respectiva se señaló a este diario que el procedimiento no considera el análisis de dicho elemento. Resulta así inquietante constatar que fallas de funcionamiento que pueden costar vidas humanas no solo no son detectadas, sino que aparentemente ni siquiera se considerarían al certificarse las condiciones técnicas de una máquina destinada al transporte de pasajeros en largas distancias. La ministra del ramo ha hecho notar que, cuando existe la intención explícita de engañar y pasar por alto los mecanismos de control, ello puede ser muy difícil de advertir. Con todo, las vulnerabilidades que en este caso se observan parecen ir más allá de lo razonable. Declaraciones de familiares de víctimas del accidente lo han expresado con elocuencia, al recordar que sus parientes no abordaron un 'bus pirata' ni un servicio al margen de la ley, sino uno cuyo funcionamiento aparecía avalado por la autoridad.
Ahora, sin embargo, se observa que —sea por falta de herramientas o por debilidades en su utilización— tal aval no siempre constituiría una garantía de seguridad. Si bien, en línea con mejorar las fiscalizaciones, resulta positivo el proyecto de digitalización que está impulsando el ministerio (ya que ello permitirá acceder a la información real de la revisión técnica y facilitar el acceso de la licencia de conducir del chofer y sus antecedentes), parece importante que la autoridad también entregue mayores clarificaciones respecto de su diagnóstico de lo sucedido y de todas las acciones a desarrollar en procura de evitar su repetición. Ello debiera considerar un balance respecto de cómo opera hoy la ley en esta materia y la persecución de los infractores. Ineludible parece también una evaluación del funcionamiento de las actuales plantas revisoras.
FUENTE: El Mercurio, miércoles 07 de agosto de 2019