El 28 de julio recién pasado se realizó la segunda reunión virtual de GRI Club, “Concesiones Aeroportuarias en Chile: impactos y plan de acción en la actual crisis” donde, entre otras materias, se abordaron los efectos que la pandemia del Covid19 está provocando en la agenda de inversiones en aeropuertos en el país. La baja en el tráfico aéreo, de acuerdo a cifras oficiales, cayó sobre un 90%, impactando directamente tanto la rentabilidad de las empresas concesionarias de estas obras como también, las proyecciones de uso previstas originalmente.
De esta manera, los expositores coincidieron en la necesidad de afinar la relación entre los privados y el Estado en el modelo APP toda vez que, en muchas ocasiones se daba un celo excesivo desde el ámbito público, lo que traducía en reiteradas y muy onerosas multas.
Leonardo Daneri, presidente de Copsa y uno de los panelistas del encuentro calificó de crítica la situación de esta industria por la enorme variedad de contratos distintos que coexisten en el sector y por lo altamente recaudatorio que es para el Estado los cobros que actualmente se hacen. De hecho, el ejecutivo graficó con que, en promedio, hasta un tercio de lo que se cobra va para el fisco.
Así, Daneri fue más allá y a diferencia de lo que ocurre con un desastre natural, que tiene un principio y un final conocido, en el caso de la pandemia no es posible conocer cuándo se podrá dar por superada, suponiendo ello la necesidad de adoptar medidas diferentes e innovadoras respecto de lo hecho en el pasado. “La cadena de valor del concesionario hoy se está rompiendo. El escenario en que nos pone el Covid19 hace necesaria una mayor flexibilidad de las partes involucradas además de la adopción de medidas excepcionales que permitan dar sustentabilidad a un sector muy necesario para el desarrollo del país”, acotó el representante de las concesionarias.
Consultados por cuáles deberían ser los próximos pasos para fortalecer el golpeado sector aeroportuario en Chile, algunos de los presentes indicaron que lo ideal sería que se estableciera una política de concesiones aeroportuarias de largo plazo a fin de establecer una regulación económica para que el concesionario tenga la libertad de expandir el universo de explotación del aeropuerto cuando sea necesario. A esto agregaron que “en Chile hace falta una orientación general macro, que permita desligar el desarrollo aeroportuario del Gobierno de turno o jefaturas que aplican modelos antiguos, rígidos, que no están diseñados para más de 20 años. Urge repensar, entonces, una política pública diferente”.
A modo de cierre del encuentro, los participantes concordaron en que para revertir la actual situación es necesario avanzar hacia una mayor flexibilidad entre las partes, contar con contratos que den cuenta de la especificidad del sector y abrir más y mejores canales de diálogo entre el Estado y la industria, incluida aeropuertos y aerolíneas.