Un nuevo capítulo sumó ayer la trama entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y tres de las principales autopistas interurbanas de Santiago: Vespucio Norte, Autopista Central y Vespucio Sur.
El año pasado, el MOP anunció desacuerdos con sus tarifas, por un supuesto error de cálculo respecto a los flujos vehiculares y el cobro de los pórticos. El MOP explicó entonces que las autopistas deberían –incluso- devolver dinero a los usuarios, pues no habían aplicado las rebajas correspondientes en su minuto.
El origen del conflicto tiene su raíz en el debate en torno al sistema de tarifas por kilómetro. Las mismas, dicen los contratos, 'podrán subir' si la velocidad de operación es menor a 60 km/hr en el tramo correspondiente. Pero si supera los 80 km/hr, los precios 'deberán bajar'. Y aquí está la diferencia.
De acuerdo al MOP, las autopistas debían revisar estas tarifas cada tres meses, lo que no habría sucedido. El desacuerdo obliga a todos los afectados a recurrir, primero a una conciliación y luego a un arbitraje, esta última instancia a la que ahora se van a enfrentar el ministerio y Vespucio Norte, el mismo proceso que inició a fines de 2020 Autopista Central y que eventualmente podría iniciar Vespucio Sur.
'Habiéndose cerrado sin resultados la etapa de conciliación, esta Sociedad Concesionaria ha presentado con fecha 01 de marzo pasado, una demanda arbitral en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ante la H. Comisión Arbitral del Contrato de Concesión Sistema Américo Vespucio Nor-Poniente, Av. El Salto – Ruta 78, a fin de que ésta, previo el debido proceso, resuelva el conflicto existente con el Ministerio de Obras Públicas respecto a la correcta interpretación de las reglas de modificación de la estructura tarifaria, establecidas en el artículo 1.14.4.4 de las Bases de Licitación de esta concesión', dijo Vespucio Norte en un documento enviado ayer a la Comisión para el Mercado Financiero.
Allegados al conflicto explicaron que lo normal es que esta disputa dure al menos dos años, pues se adscriben a los plazos establecidos por los arbitrajes privados, lo que significaría, en términos políticos, que deberá ser un tema que asuma el ministro de Obras Públicas del próximo gobierno.
Desde COPSA señalaron que, si bien llegar a esta instancia no es lo ideal, es la mejor forma de resolver estas disputas. 'Existían mecanismos dentro de la institucionalidad para resolver de común acuerdo estas controversias. Sin embargo, uno de los grandes atributos del modelo de concesiones en Chile es que prevé estos escenarios y establece los respectivos mecanismos de solución. Por ello, confiamos en que serán las comisiones arbitrales respectivas las que lograrán zanjar estas materias, cumpliendo el objetivo para el cual fueron implementadas', dijo por escrito el presidente de COPSA, Leonardo Daneri.
Cercanos al proceso agregaron que, si el MOP ganara la disputa respecto a la interpretación de los cambios de tarifa, podrían calcularse –incluso- mecanismos de devolución a los usuarios, lo que, en todo caso, no llegarán antes de los dos años previstos como duración del litigio.
"Existían mecanismos dentro de la institucionalidad para resolver de común acuerdo estas controversias”. Leonardo Daneri, presidente de Copsa.
Las tres autopistas en conflicto
:: Vespucio Sur, controlada por Grupo Costanera (99,9%), que a su vez pertenece a la italiana Autostrade dell'Atlantico (Atlantia), que tiene el 50,01%, e Inversiones CPPIB Chile (Canada Pension Plan) que posee el 49,99%. Su presidente es Roberto Mengucci.
:: Vespucio Norte es controlada por Taurus Holdings Chile (99,9%), que es propiedad de Brookfield Asset Management (67%) y Frontal Trust Infraestructura Alpha e Infraestructura Chile I de Banchile AGF (33%). Su presidente es Ronald Paz.
:: Autopista Central es controlada por Vías Chile (99,9%), que a su vez pertenece a Abertis (consorcio integrado por Atlantis, Hochtief y ACS). Su presidente es Christian Arbulu.
Fuente: La Segunda
