Varios son los cuellos de botella o trabas que acusan los gremios de la construcción y de concesionarios de infraestructura, tras los escenarios que han surgido luego de la crisis social y la pandemia. Entre ellos destacan la conflictividad de los contratos de obras —por diferencias entre mandante y ejecutor y la mayor participación ciudadana—, demoras en las adjudicaciones de licitaciones y el alza en los seguros contra actos terroristas.
Estos temas se expusieron ayer en un encuentro denominado 'Desafíos de Infraestructura Sostenible: Del diagnóstico a la propuesta', que organizó la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Estuvieron invitados Leonardo Daneri, presidente de Copsa; Carlos Piaggio, gerente de Infraestructura de la CChC; Loreto Silva, consejera del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI); el gerente general de EFE, Patricio Pérez, y la titular de Transportes, Gloria Hutt, quien realizó un discurso de apertura.
Leonardo Daneri afirmó que en 2020 no se adjudicó ninguna carretera concesionada y llamó a agilizar ese ámbito. Carlos Piaggio indicó que —antes de entrar a Contraloría— hay adjudicaciones que tardan unos 6 a 8 meses en validaciones internas y mientras ello ocurre, los precios de los materiales y mano de obra se encarecen. Daneri indicó que tras el estallido social, le ha costado al sector encontrar pólizas de seguros contra actos terroristas para la infraestructura de uso público y, a la vez, estas son más caras. Añadió que la seguridad ante la delincuencia en las autopistas se asocia a una responsabilidad de las concesionarias, pero recordó que eso es un deber del Estado.
Piaggio afirmó que los conflictos en el sector de la construcción aumentaron durante la pandemia, situación que fue ratificada por Loreto Silva, quien sostuvo que 'debemos avanzar pronto en la resolución de controversias. El costo para la sociedad de un conflicto es mayor'. Patricio Pérez reconoció que la institucionalidad ha elevado su complejidad y las medidas ambientales son más exigentes, por lo que los proyectos deben reducir sus impactos. Por otra parte, Piaggio recordó que 'si nosotros alcanzáramos como país la productividad media en general de otros países, esto permitiría incrementar el PIB de la construcción en US$ 13 mil millones. Qué significa esto: tener 52 mil viviendas adicionales o 1.500 kilómetros de carreteras nuevas, es decir, 40% más de lo que es la Ruta 5'.
"Conseguir los seguros para la infraestructura concesionada es cada día más caro y es difícil obtener las coberturas de las pólizas, especialmente las de terrorismo'. Leonardo Daneri Presidente de Copsa
"El Estado ha disminuido la capacidad de gestión. Identificamos un conjunto de medidas que hemos conversado con el MOP, para ir destrabando los lomos de toro'. Carlos Piaggio Gerente de Infraestructura CChC
Fuente: El Mercurio
