El líder de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública se refiere a los aportes que este sistema ha hecho al país las últimas décadas y a la propuesta pública que hicieron junto a otras instituciones para su desarrollo en el largo plazo.
'El aporte que el sistema de concesiones ha hecho al país salta a la vista', dice Leonardo Daneri, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), entidad que cumple un rol articulador entre inversionistas y el Estado, con el fin de promover esta industria.
Autopistas urbanas e interurbanas, aeropuertos e infraestructura pública, como sistemas penitenciarios y hospitales, forman parte de una larga lista que el ingeniero califica como el resultado de una exitosa alianza público-privada, que, durante más de 20 años, ha permitido desarrollar más de 90 obras por un monto que supera los US$ 25.000 millones.
Quienes más se han beneficiado de este tipo de obras —asegura— son los usuarios de autopistas y rutas interurbanas con el desarrollo de más de 3.500 kilómetros de vías de alto estándar vial. En el plano aeroportuario, en tanto, donde se han desarrollado once terminales aéreos, destaca que, hasta antes de la pandemia del covid-19, más de 25 millones personas podían viajar cada año.
'En el ámbito de la salud también se ha realizado un importante trabajo. Hoy, contamos con cuatro recintos en operación bajo esta modalidad —Maipú, La Florida, Félix Bulnes y Antofagasta— y uno en construcción. Todos ellos, además de ofrecer más y mejor acceso a la salud, han tenido un costo de construcción de hasta un 30% menos que aquellos financiados de manera directa por el Estado. Visto de otra manera, podemos decir que los beneficiados han sido quienes acceden a obras que impactan en la calidad de vida a través de diferentes dimensiones', manifiesta.
—Pese a todos los avances que menciona, algunos sectores de la sociedad se muestran críticos ante este sistema. De cara a un proceso constituyente, donde se debatirán muchos aspectos sobre el Chile de los próximos años, ¿cómo ven en Copsa el futuro del sistema de concesiones?
'El actual sistema fue concebido en la década de los 90, cuando en el país se evidenciaba un gran déficit de inversión en obras de infraestructura pública. Dada esa situación y sin mucho andamiaje institucional, nació la industria de las concesiones en Chile con un modelo que introdujo un concepto de equidad transversal bajo el principio de ‘el que usa, paga'. Décadas después, los resultados saltan a la vista de cualquier persona que utilice la extensa red de rutas y autopistas, viaje a través de un terminal aéreo o se atienda en alguno de los cuatro hospitales concesionados en operación del país. No obstante, vemos muchos y necesarios espacios de mejora para profundizar aún más los impactos y revertir la baja percepción que se instaló entre algunos sectores en torno a estas obras. Por ello, creemos que el desarrollo de infraestructura pública requiere ser definido, analizado, priorizado y ejecutado con una visión de largo plazo, en fiel concordancia con la sociedad a la que presta servicio y conforme a las expectativas de desarrollo económico, ambiental y territorial'.
—¿Qué mejoras podría tener el sistema para que continúe desarrollándose de manera sostenible durante las próximas décadas?
'A través de una propuesta pública realizada de manera conjunta entre Copsa, el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), entre otros actores, planteamos un Plan Nacional de Concesiones, el que considera, entre otros aspectos, una visión de largo plazo por parte del Estado que permita a estas inversiones ser política de Estado y no de Gobierno; priorizar las obras en función del déficit existente; contar con un sistema de control de ejecución que permita mantener un ritmo de obras acorde con las necesidades de equidad del país; favorecer el diálogo con la población a través de más y mejores instancias donde las comunidades puedan plantear sus puntos sobre sus necesidades de infraestructura, y volver a definir los roles de los ministerios y entes públicos que intervienen en el proceso a fin de eliminar la discrecionalidad y agilizar la actual ‘permisología' en la que caen estas inversiones. Por otro lado, hay un aspecto recaudatorio que debe ser reestudiado. El Estado recauda el 30% de todo lo que se paga por concepto de peajes y tarifas a los usuarios. Bajo la premisa de ‘el que usa, paga', dicho cobro se convierte en un impuesto adicional a las personas'.
—¿Cómo estarán trabajando este año en Copsa para continuar fortaleciendo el sistema de concesiones en el país?
'La industria de las concesiones es un sector que, pese a los vaivenes de la economía, debe seguir funcionando y operando acorde al contrato que mantiene con el Estado. En tal sentido, durante la pandemia, las operaciones siguieron adelante, ofreciendo las prestaciones acordes a su concesión. De igual forma, las obras en construcción siguieron su curso y, es más, esperamos superar la crisis sanitaria con nuevas autopistas que ofrecer a los usuarios, como será el caso de AVO, obra cuya construcción ha avanzado durante este período'.
Fuente: El Mercurio
