Por Víctor H. Villagrán Moore.
Son 38 las empresas de capitales nacionales que conforman esta asociación gremial, que han permitido consolidar el modelo de concesiones en obras como autopistas, aeropuertos, hospitales, cárceles e incluso edificios públicos como los de tribunales de Santiago.
Leonardo Daneri Jones, presidente COPSA, es ingeniero civil y en su trabajo particular forma parte de una de las más importantes empresas de ingeniería chilena (Socio de Arrigonni Ingeniería y Construcción).
En entrevista con Semanario Tiempo, al entrar en detalle de las prioridades del gremio, aclara que una de las grandes virtudes que posee el sistema chileno es que cubre todas las áreas de la obra pública, obviamente desde financiamiento, ingeniería de detalle, construcción, operación y construcción. “Antes de la ley de concesiones, todas las obras públicas las construía el Estado con fondos generales de la nación (léase impuestos) y se le entregaba al servicio público respectivo, pero como el Estado siempre fue bastante escuálido respecto a los fondos disponibles lo primero que descuidaban era la mantención. El ejemplo más dramático es el de los hospitales, que los construía el MOP o el MINSAL, pero como los fondos no alcanzan ni siquiera para las atenciones de salud, eso significaba que muy pronto existía un edificio con filtraciones en la techumbre y todos los problemas conexos, además de un evidente crecimiento inorgánico”.
Daneri recuerda que cuan- do Chile volvió a la democracia el país necesitaba crecer e integrarse al mundo, “pero no teníamos el dinero para hacer la cadena logísitica que permitió el crecimiento de los últimos treinta años y ahí surgió la ley de concesiones que en el fondo no es otra cosas que participación público privada, ya que siempre los bienes son del estado, son bienes nacionales de uso público”.
- Cómo ha sido la evolución del sistema de concesiones. ¿Cómo lo calificaría usted, es satisfactorio?
Para evaluarlo debemos tener presente que hasta antes de la ley de concesiones, la obras más grande con capitales chilenos era el puente Llacolen (el segundo más largo de Chile ubicado en Concepción) cuya inversión fue del orden de 50 millones de dólares. Y necesitábamos muchos millones para otras obras como la ampliación de la ruta 5, que era de calzada sencilla y que anualmente para su mantenimiento se llevaba el 85% del presupuesto de vialidad y que evidentemente tenía como consecuencia que gran cantidad de caminos secundarios estuvieran sin pavimentar. Las grandes concesiones que trajo consigo la ley, permitieron la llegada de grandes empresas internacionales que sin duda cambiaron la infraestructura del país (…) y algo muy importante es que trajeron una cantidad gigantesca de tecnología, por ejemplo en hormigones, en grúas, moldajes metálicos, todo lo cual que permitió que mejorara todo el rubro de la construcción.
Por otro lado, en una región como la de Coquimbo, permitió que se liberaran los fondos que antes se usaban solo para la conservación de la ruta cinco y se avanzó en la pavimentación de caminos secundarios. Entonces ahora tenemos esa red interior con buen nivel de pavimento que benefició a muchas otras áreas, como la agricultura. Un exportador de frambuesa por caminos de tierra lo que finalmente exportaba, con suerte, era jugo de frambuesa, porque el transporte era pésimo.
- ¿Cómo recogen las críticas que se hace al costo de las autopistas?
Debemos recordar que cuando se implementó el sistema había un millón de automóviles y era un lujo del quintil más rico. Hoy hay seis millones de vehículos y se convirtió en una necesidad masiva y una herramienta de trabajo. Pero hay otro punto, el peaje es un impuesto que se cobra in situ, y nos parece bastante lógico que el que usa paga. Antes la repavimentación de la ruta 5 las pagaban todos los chilenos a través de los impuestos, pero hoy sólo el que usa el que va de Santiago La Serena y viceversa, por lo tanto hay en el peaje hay un profundo sentido de equidad, sin regresividad y permite liberar recursos para otras obras como los caminos secundarios.
Y respecto a las autopistas urbanas, la primera pregunta es pensar cómo podía funcionar Santiago sin esas autopistas (…) Y respecto a los reajustes, correspondían a un modelo de negocio instalado hace 20 años atrás y que también fue revisado y ajustado. Nuestra industria tiene que ser evolutiva y tenemos que ir poniéndonos de acuerdo a los tiempos pero respetando los contratos y los equilibrios económicos y ahí lo bueno del sistema de concesiones chileno es que tiene un muy buen sistema de solución de controversias, que permiten que el proceso sea muy serio, con un sistema de arbitraje propio que es muy efectivo.
Independiente de hay contratos vigentes respecto a los cuales habrá que respetar las condiciones en que fueron firmados, en el escenario político actual y constitucional pueden ocurrir muchas cosas. ¿Hay alguna suspicacia o inquietud respecto a la revisión de este modelo?
El tema es súper claro. Reitero que el peaje es un impuesto que permite que las personas usen según sus necesidades, y con un profundo sentido de equidad. Por lo demás el país tiene una cantidad gigantesca de compromisos en educación salud y previsión, y para eso hay que subir los impuestos en todos lados, entonces ¿por qué razón habría que bajarlos en áreas que sí prestan solución a necesidades a muchas personas y que sí es equitativo y no tiene ningún tipo de regresividad?
- ¿Qué señales ha dado el actual gobierno respecto a las concesiones?
El presidente Boric cuando ganó la segunda vuelta dijo que para él era muy importante la participación público privada y el paradigma de ese modelo público privado son las concesiones y eso es válido para todas las actividades económicas del país. Por ejemplo el sistema hídrico también es un sistema concesional. Si hay privados disponibles para desarrollar áreas como las telecomunicaciones, las obras públicas, las sanitarias, en fin, en que la participación es exitosa no veo por qué tendría que cambiar. Y reitero, todos siguen siendo bienes nacionales de uso público y es el Estado el que planifica, regula y fiscaliza.
Fuente: Semanario Tiempo