Igualmente, alertan de los riesgos de otra iniciativa relacionada con las cárceles. Prevén que se podrían paralizar inversiones por casi US$ 27 mil millones.
La industria de las concesiones de obras de infraestructura pública está en alerta por dos normas de la Convención Constitucional que avanzaron durante marzo en su tramitación. Una de ellas, ya aprobada en el pleno —procedente de la comisión de Sistemas de justicia—, plantea el fin de las cárceles concesionadas. La otra, visada en la comisión de Medio Ambiente, apunta a prohibir el cobro de peajes por circular en las carreteras, también las concesiones de estas vías y encarga al fisco la mantención de las rutas (ver recuadro). Estas iniciativas, de seguir avanzando y materializarse en la Constitución, generarían un remezón en el mundo de las concesiones.
Solo la norma relacionada a las obras viales podría llevar a que el Estado tenga que estatizar las autopistas, lo que le implicaría al fisco costos de entre US$ 25 mil millones y US$ 30 mil millones, estimó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri. Ello, además del impacto en el ánimo de los inversionistas de este rubro, lo que paralizaría millonarias inversiones. Daneri sostuvo que 'el peaje es un impuesto, entonces se propone rebajar un gravamen a los grupos que más pueden. Por ejemplo, toda la gente que viaja los fines de semana a sus segundas viviendas sería financiada por quienes no tienen esa capacidad económica. El concepto de quien usa paga y el que no usa no paga ha funcionado y así se destinan recursos públicos a otras prioridades'. El timonel de Copsa también afirmó que la norma promueve una mayor contaminación, pues existe un estímulo al uso de los vehículos.
En esto último, coincidió Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), quien señaló que 'esto no se condice con la vocación medioambiental que tiene el Gobierno, se subsidiaría el transporte motorizado en desmedro de otras formas como el ferrocarril. Se concentra en el modo automotor y eso tiene un impacto medioambiental'. Cruz —exministro de OO.PP.— comentó 'en estas circunstancias, donde se requiere dotar al Estado de más fuerza para enfrentar el desarrollo, restarle un instrumento potente (las concesiones) que ha operado en los últimos 30 años, no es aconsejable. Validar esta cláusula le resta al Estado la capacidad de recurrir al sector privado, de hacer cosas que de otra forma no podría desarrollar'. Leonardo Daneri, junto con advertir de los costos de la eventual estatización, agregó otro efecto de estas iniciativas que se proponen en la Convención: la paralización de inversiones en concesiones por unos US$ 26.900 millones.
Esto, ligado a proyectos que están en construcción (US$ 5.700 millones), en adjudicación (US$ 1.500 millones), en licitación (US$ 3.000 millones) y por licitar entre 2022 y 2026 (US$ 16.700 millones). Cruz coincidió en que retrotraer el sistema de concesiones tiene un efecto económico. 'Habrá que discutir los valores del impacto, pues habría que caducar los contratos y eso implica compensaciones'. Además, advirtió que se podrían generar disputas en instancias internacionales entre el Estado chileno e inversionistas. El presidente de Copsa indicó que la recaudación de las autopistas es de unos US$ 2.000 millones al año y cerca del 30% de esa cifra va el Estado, ligados al pago por bienes y derechos. Con la norma, el fisco dejaría de recibir ese porcentaje y asumiría, además, la mantención de las rutas.
Cárceles
Sobre la norma relacionada a las cárceles, Daneri aseguró que existen prejuicios y falta de información entre los convencionales que respaldaron esa iniciativa, pues sostuvo que en Chile no hay cárceles privadas, sino que son de uso público y administradas por Gendarmería en materias de seguridad de los reos y de los penales. Precisó que los privados, además de construir los ocho recintos de los tres grupos carcelarios concesionados que operan en el país, prestan servicios como aseo, alimentación, control de plagas y otros.
El timonel de Copsa estimó que si se pone fin a las concesiones penitenciarias, al Estado le será mucho más difícil avanzar en nuevas obras de cárceles, pues esas inversiones compiten con otras prioridades del país. Reconoció que las labores de reinserción asignadas al operador, son un tema a reformular, dejando solo a los concesionarios la construcción y mantención. Según cifras de Copsa, a 2020, las ocho cárceles concesionadas tenían una ocupación del 88% en promedio, con casi 15.000 internos.
| Lo que plantean las dos iniciativas de la Constituyente |
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La propuesta de articulado de la iniciativa Nº 38.866 (Boletín 60-5), aprobada en la comisión de Medio Ambiente, señala que 'toda persona tiene derecho a la libre circulación por lo caminos nacionales de uso público. La administración de estos bienes estará a cargo del Estado de manera directa, sin permitir la concesión de estos bienes nacionales a privados, sean personas naturales o jurídicas, también se prohíbe el cobro por circular en carreteras y caminos nacionales, o por entrar o salir de una ciudad o pueblo'. Dicha norma añade que 'es obligación del Estado promover y proteger este derecho creando las condiciones necesarias para que las personas puedan circular libremente, sin carga o pago alguno por su uso. La mantención y cuidado de los caminos por donde se produce el tráfico de vehículos será responsabilidad exclusiva del Estado, quien deberá procurar los mecanismos tributarios para cumplir con esta obligación'. En tanto, la norma aprobada en el pleno sobre Tribunales del Sistema Nacional de Justicia, Sistema Penitenciario, Justicia Vecinal y Consejo de la Justicia, indica en su artículo 16 que 'solo el Estado puede ejecutar el cumplimiento de penas y medidas privativas de libertad, a través de instituciones públicas especialmente establecidas para estos fines. La función establecida en este artículo no podrá ser ejercida por privados'. Agrega que, 'para la inserción, integración y reparación de las personas privadas de libertad, los establecimientos penitenciarios deben contar con espacios para el estudio, trabajo, deporte, las artes y culturas'. "El peaje es un impuesto, entonces se propone rebajar un gravamen a los grupos que más pueden. Por ejemplo, la gente que viaja los fines de semana a sus segundas viviendas'. - Leonardo Daneri Presidente de Copsa "Espero que prime la sensatez, que los constituyentes se den cuenta de que esta medida restringe la capacidad del Estado. El país necesita infraestructura para desarrollarse'. - Carlos Cruz Director ejecutivo del CPI |