Señor director
La Convención Constituyente ha dado luz verde a la tramitación de una iniciativa popular de norma impulsada por el grupo de presión conocido como “No+TAG”. En su texto, los activistas en comento sugieren prohibir al Estado la subrogación de la construcción y operación de vías y autopistas a privados e impedir también que éstas estén afectas a cualquier tipo de cobro o peaje.
Diversos especialistas han alertado de los perniciosos efectos económicos, sociales y ambientales que importaría una medida de esta naturaleza, que trae aparejados, entre otros, incentivos al desplazamiento automotriz; sobrecarga de las vías existentes (ya estrechas para la realidad nacional) y un injusto subsidio a los sectores más acomodados, en detrimento de la población más necesitada y a la capital en desmedro de las regiones.
Pero los efectos nocivos no terminan ahí. Los convencionales que han aprobado esta iniciativa no parecen estar advirtiendo que, aunque el papel aguanta todo, las obligaciones y limitaciones que se le imponen al Estado tienen un costo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los costos fiscales más inmediatos a ser considerados son, al menos, el valor de construir de forma directa el plan de infraestructura vigente (alrededor de US$ 23.300 millones) y el costo de indemnizar los contratos vigentes para cumplir con el mandato constitucional (+/- US$ 27.600 millones).
Estos costos, deberán ser abordados por el fisco sin cobrar peaje, al mismo tiempo que deberá invertir, anualmente, cerca de US$ 1.000 millones en mantención (un gasto que hoy es de cargo del operador) y que dejará de percibir los cerca de US$ 600 millones que los concesionarios reintegran a las arcas fiscales cada año. Así las cosas, los convencionales harían bien en consultar al ministro de Hacienda si dicha cartera cuenta con recursos para financiar la norma a la que han dado curso, si estos números están contenidos en alguna partida presupuestaria de la exigente agenda social del actual gobierno y si esos más de US$ 50 mil millones están proyectados en la futura reforma tributaria con la que pretende financiarla.
Hoy se estila decir que las palabras crean realidad, pero a eso hay que agregarle que la realidad cobra las cuentas. La iniciativa de los activistas de “No+TAG” bien podría terminar llamándose “No+Presupuesto Fiscal” ¿será eso justo?
Leonardo Daneri J.
Presidente de Copsa