Entidad propone mecanismo de mitigación para comunidades vecinas a los terrenos donde se levanten nuevas prisiones.
Una brecha de inversión en recintos penitenciarios por más de US$ 1.500 millones y un déficit de más de 5.000 plazas para reos existen en Chile, según un análisis de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Las cifras del gremio se conocen cuando las cárceles vuelven a estar en el centro de la discusión en medio de la crisis de seguridad que afecta al país y también por la sobrepoblación en los penales.
Hoy existen poco más de 47 mil presos en el país, cifra que podría subir a 50 mil el próximo año, lo que ocurre en un sistema que tiene espacio para unos 41 mil reclusos. Las necesidades de inversión estimadas por la CChC superan ampliamente las cifras relacionadas con los principales proyectos de infraestructura carcelaria que ha divulgado el Gobierno, que suman poco más de US$ 292 millones. A través de inversión pública, el Ejecutivo está impulsando una cárcel en Calama por unos $90.000 millones, cerca de US$ 113 millones. Recién se acaba de adjudicar el diseño de ese penal para 980 internos, fase que estaría concluida en 2025, mientras que las obras se realizarían entre 2027 y 2030.
Mediante una concesión, en el segundo semestre de 2023, el Ministerio de Justicia prevé licitar —a través del MOP— la habilitación y operación del penal Laguna Talca, proyecto de US$ 20 millones para 2.320 internos en la Región del Maule. Asimismo, la cartera de concesiones vigente del Ministerio de Obras Públicas considera para 2025 y 2026 las relicitaciones de los actuales tres grupos carcelarios explotados por privados, con inversiones por US$ 159 millones si se suman las iniciativas. El último informe de Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) publicado en 2022 por la CChC advertía una merma de unas 2.600 plazas en las cárceles a nivel nacional. 'En la actualidad, sabemos que este déficit quedó corto y probablemente alcance al doble de esa cifra', sostuvo el vicepresidente del gremio, Alfredo Echavarría. Así, faltaría espacio para más de 5.000 internos. Echavarría indicó que 'con respecto a la Región del Maule, donde está el proyecto de Laguna Talca, el déficit es de 18%, por lo que es de vital importancia acelerar las actuales licitaciones para responder a las regiones con mayor déficit'.
El informe IDS señalaba que la brecha de inversión en el sistema penitenciario era de US$ 1.476 millones para 2022-2031, lo que se explicaba en 71,1% por obsolescencia, debido a la antigüedad de la infraestructura. Ahora, los requerimientos superarían los US$ 1.500 millones. 'Hoy la brecha de inversión es significativamente mayor que la indicada en el último informe', admitió Echavarría. Sobre la vejez de las cárceles, sostuvo que 'estamos completamente de acuerdo en que dicho factor que afecta a los recintos, algunos con más de 50 años, es una presión adicional que también requiere de una reparación y modernización urgente'. Recordó que, de acuerdo al informe IDS, al menos seis eran las regiones donde en las prisiones se registraba un uso de capacidad de más del 100%: Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Ñuble y la Metropolitana. Por ello, afirmó que en esas zonas se debe priorizar el trabajo en infraestructura.
'No necesariamente esto implica solo construir cárceles nuevas, sino principalmente reparar y readecuar las que ya tienen más de 50 años de data. De hecho, el 45% de los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado tiene una antigüedad superior a las cinco décadas', señaló. Respecto de si las obras deben desarrollarse vía concesiones o por inversión pública directa, 'estimamos que, por la magnitud de la infraestructura requerida, ambos mecanismos deben actuar de manera simultánea. Pero creemos que vía el modelo de concesiones se puede acelerar el desarrollo y puesta en marcha de nuevas cárceles', sostuvo.
Mitigaciones
La CChC no solo abordó el déficit de inversiones, sino que también efectuó una propuesta para la búsqueda de terrenos bien ubicados para nuevas cárceles, pero velando por que esas edificaciones estén ligadas a medidas de mitigación concretas para las comunidades aledañas, como sería el desarrollo —en paralelo— de hospitales o recintos policiales. Así se podría reducir la oposición de los vecinos y se evita levantar los penales en zonas alejadas, lo que encarece los costos de construcción y mantención, a la vez que limita la reinserción de los internos, indicaron en el gremio.
'Primero, es necesario realizar un buen trabajo de relacionamiento con las comunidades que recibirán estas construcciones. De esta manera, será posible entender cuáles son sus necesidades en infraestructura y trabajar en un levantamiento técnico, pero con apoyo de la comunidad. Dentro de las posibles obras están hospitales, cuarteles policiales y espacios de esparcimiento', destacó.
Fuente: El Mercurio