El secretario de Estado explica que el llegar a 52 mil internos significa hacinamiento en todo el sistema carcelario. Actualmente, los reos son más de 49 mil y el sistema tiene capacidad para 41 mil.
'El haber tenido inactivo el plan de infraestructura para generar nuevas plazas desde 2012, nos tiene hoy día en una situación crítica, y la responsabilidad nuestra es tratar de ir recuperando plazas en los espacios que tenemos'.
Con esas palabras, el ministro de Justicia, Luis Cordero, resume la situación que atraviesa el sistema penitenciario. Dice que, según las proyecciones de Gendarmería, se encuentra al borde de llegar a niveles críticos de ocupación.
El titular de la cartera conversó con 'El Mercurio' acerca de ese escenario, que también abordó en una conferencia en la Fundación Chile 21. Explica que el órgano penitenciario alertó que durante los próximos meses se superará la barrera de 52 mil personas privadas de libertad, cifra clave, pues, según Cordero, 'a partir de ese número comienza el hacinamiento en todo el sistema carcelario chileno'. Actualmente, son más de 49 mil los internos y las plazas solo 41 mil.
En abril, la Cámara Chilena de la Construcción entregó un estudio en el que da cuenta de que el sistema penitenciario tiene una necesidad de inversión que bordea los US$ 1.500 millones y que el déficit de plazas alcanzaba las 5.000.
Aumento de un 20% de internos
El ministro Cordero indica que 'lo que ha venido sucediendo en los últimos 14 meses, es que se ha aumentado sustancialmente el número de personas privadas de libertad, en un 20%'. Entre enero de 2022 y abril de 2023, la población penal aumentó desde 40 mil a 49.461.
Las razones, dice, son de distinta naturaleza: una de ellas es el fin de la pandemia, cuyo desarrollo produjo una descongestión del sistema—sumado a la ley de indultos—, aunque también, apunta, 'hay delitos más violentos y, lo tercero, es que los jueces están actuando de modo menos garantista que antes, porque esencialmente lo que ha aumentado la prisión preventiva'.
De los nueve mil privados de libertad que se sumaron entre 2022 y el 2023, siete mil son imputados y dos mil corresponden a condenados.
No obstante, Cordero también menciona los efectos producidos por la agenda corta antidelincuencia, aprobada en 2016, pues 'el aumentar las penas y reducir los beneficios tuvo un impacto en la población penal'.
En esta línea, tras reiterar que desde el año 2012 se mantiene la misma cantidad de plazas en el sistema, el secretario de Estado aclara que la política de infraestructura vigente en Chile viene del Gobierno del expresidente Ricardo Lagos, y añade que en las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet —que suman cuatro períodos— no se pusieron en marcha obras debido a diferentes urgencias que se presentaron, como crisis por licitaciones, el terremoto de 2010, el incendio en la cárcel de San Miguel, el énfasis en la agenda corta antidelincuencia, el estallido y la pandemia del coronarivirus.
Además, mencionó las medidas que se encuentra tomando el Ejecutivo: en el corto plazo, 'apurar la habilitación de El Manzano y de La Laguna en Talca'. Para el mediano plazo, en tanto, se trabaja en la ampliación y recuperación de plazas en otros penales, y el largo plazo, el ministro detalla que 'tiene que ver con la nueva infraestructura penitenciaria'.
Cordero ha expresado que la cartera se encuentra evaluando la posibilidad de implementar un mecanismo de monitoreo telemático de tobilleras, como una eventual nueva medida cautelar.
La visión de exministros y subsecretarios
Consultados por la situación, extitulares y subsecretarios de la cartera de Justicia abordaron el escenario del sistema penitenciario, coincidiendo en las dificultades para construir cárceles, aunque algunos de ellos difieren en sus posturas respecto de la factibilidad en la aplicación de algunas medidas de corto plazo.
El exministro Luis Bates, quien ejerció entre 2003 y 2006, durante el gobierno de Ricardo Lagos, resaltó la importancia de la prisión preventiva en el contexto actual, aunque recalca que son los jueces los que tienen a la vista todos los elementos para decretarlas.
Respecto de políticas como el uso de tobilleras por parte de ciertos imputados, Bates señala que'esas medidas, debidamente reguladas y cumplidas, pueden incidir, pero son medidas que hay que individualizar muy bien, regularlas muy bien.
Y apunta que se trata de 'un tema mucho más general, hay una especie de cultura de que si no hay cárcel, no hay sanción, y bueno, eso depende de las características de cada caso'.
Por su parte, el extitular de la cartera, Jaime Campos, quien encabezó el ministerio entre 2016 y 2018, dice que 'normalmente el sistema está estresado, para mí, esto no es una novedad, prácticamente desde que tengo conocimiento'. Así, también apunta que 'varios' recintos se cerraron producto del terremoto del 2010 y que más de alguno no ha sido repuesto. Asegura que ahí puede existir una brecha.
Respecto de las tobilleras, dice que 'la pregunta es si se han hecho estudios para ver cuánto es el nivel de reincidencia de ellos, si existen los recursos y el personal necesario para ejercer un efectivo control respecto de los que tienen las tobilleras, si eso significa contratar más personal, si es responsabilidad de Gendarmería y si puede hacerlo o hay que entregárselo a otra institución'.
En tanto, el exsubsecretario de Justicia entre 2013 y 2014, Juan Ignacio Piña, coincide con Campos en el sentido de que se trata de un problema que se registra hace tiempo. 'Nadie le ha puesto el cascabel al gato', apunta.
En cuanto a medidas de 'plazo razonable', quien también ejerciera como ministro subrogante de la cartera, señala que se neceista una 'racionalización del uso de la privación de libertad', aunque aclara que es respecto de la prisión preventiva y no desde 'la esfera de las condenas'.
Además, indica que 'creo que es bastante necesario una utilización más masiva y en más ámbitos de los mecanismos tecnológicos y de monitoreo telemático', aunque agrega que 'no solamente se necesita inversión pública, sino que, además, capacitación de los operadores del sistema judicial, de los operadores de los sistemas de monitoreo'.
En cuanto a la construcción de cárceles, propiamente tal, el exsubsecretario Sebastián Valenzuela remarca las dificultades que se presentan al momento de diseñar un proyecto de este tipo.
'Nosotros también lo vivimos (…) la cárcel no es un lugar cerrado que no interactúa con el mundo exterior, van a trabajar gendarmes, muchos civiles, personal médico, están los propios privados de libertad que salen diariamente muchos de ellos a trabajar, están los familiares que van a visitarlos, entonces no es llegar y buscar en un lugar recóndito un terreno, tiene que estar inserto', señala.
Fuente: El Mercurio