El abogado también señala la necesidad de aumentar los integrantes del organismo y añadirle a este un rol de conciliador en los conflictos.
Mejorar las bases de licitaciones de las próximas concesiones de obras públicas para reducir la conflictividad entre privados y el Estado, aumentar los plazos de revisión de los casos y elevar la dotación de los integrantes del Panel Técnico de Concesiones, son algunos de los planteamientos que realiza Fernando Abara, presidente de ese organismo. La entidad, creada en 2010, revisa las discrepancias entre los concesionarios de infraestructura y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entregando recomendaciones que pueden derivar en un acuerdo o seguir en un arbitraje si no hay conformidad de las partes.
Desde 2015 a la fecha, en el Panel Técnico se han registrado 78 discrepancias, que han contenido 170 controversias distintas. A la vez, entre 2020 y 2022, los contratos bajo la competencia del organismo aumentaron 30%, llegando a un total de 39. ‘Más de la mitad de los contratos de concesión en Chile están bajo nuestra competencia. Se ve una proyección de alza de proyectos y conflictos y el panel no ha tenido ningún aggiornamento en términos de más recursos o panelistas’, sostiene Abara.
Actualmente, cinco expertos integran el panel: los ingenieros Aldo González (economista), Raúl Erazo (exsubsecretario de Transportes) y Hugo Vera (exdirector general de Concesiones) y los abogados Paula Silva y Fernando Abara. A ellos se añade una secretaria abogada y un analista.
El presidente del panel admite que están ‘muy cortos’ en su dotación. ‘Tenemos que ver todos los temas. Nosotros resolvemos los casos, no tenemos ninguna posibilidad de contratar un servicio, un experto, un peritaje’, indica. Propone que podría aumentarse a siete la cantidad de panelistas, tal como el Panel de Expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos.
A la vez, afirma que están trabajando con un presupuesto anual cercano a los $60 millones para cuestiones operativas como el arriendo de una oficina en Las Condes, mientras que los honorarios de los panelistas los pagan en un 50% las sociedades concesionarias y la otra mitad se financia a través del MOP.
Reconoce que es un presupuesto discreto en relación con el ‘tamaño de la industria y para los asuntos que se ven. En todo el periodo, al panel le han pedido (en controversias) más o menos 26 millones de UF, o sea, es una cantidad estratosférica’.
A esas solicitudes se agregan otras ‘de tipo conceptual, como aumentos de plazos, pero al final todo es plata. La tasa de aceptación del monto solicitado es de 14% aproximadamente. Incluyendo lo conceptual, sube a un 70%’, explica.
«Desearía que se incorporara (la experiencia del panel para mejorar las bases de licitación), porque se trata de fortalecer el sistema de concesiones, que ha permitido que la infraestructura del país crezca y eso va en beneficio de todos’.
Fernando Abara, PRESIDENTE DEL PANEL TÉCNICO DE CONCESIONES.
Otro de los temas que señala se debe mejorar en el panel, es la rotación de los expertos. Esto, porque coincide que los tres ingenieros terminan su periodo al mismo tiempo y la entidad se queda sin quorum para sesionar hasta que llegan sus reemplazantes. Junto a ello, estima que los 60 días para resolver las discrepancias, donde se incluyen 15 días para que el MOP conteste y una audiencia pública, son pocos considerando que en ocasiones tienen hasta cinco casos en paralelo.
‘Es una virtud de este procedimiento que se tenga poco plazo, pero es excesivamente poco’, afirma. Estima que el plazo podría subir a 90 o 120 días.
También para perfeccionar el sistema plantea que dentro de la dinámica de los casos que ve el panel, se podría establecer un periodo de conciliación prejudicial, que no inhabilite al organismo de futuras decisiones. ‘Muchas sociedades concesionadas quieren vernos como un entidad de conciliación y la ley no nos permite. A veces nos damos cuenta en las audiencias públicas o en las presentaciones que existe esa posibilidad, pero no tenemos ese rol, no podemos acercar a las partes. Entonces, eso sería una cosa interesante que pudiera incorporarse en la regulación’, señala.
Fernando Abara también estima que las bases de licitación de los futuros contratos podrían mejorarse considerando la experiencia de las discrepancias, para así reducir la conflictividad. El MOP prevé licitar proyectos por US$ 4.126 millones a diciembre próximo y otros US$ 3.346 millones en 2024.
En este sentido, comenta que hoy muchas de las solicitudes de compensación por sobrecostos que piden las concesionarias tienen relación con la revisión de los proyectos de ingeniería, con plazos que se autoimpone el MOP que a veces no se cumplen. Ello ocurre por una deficiente calidad de los proyectos que presentan las empresas o por burocracias del ministerio.
Otro tema que genera conflicto, indica, es que cuando se realiza una licitación se hace sobre la base de un antecedente referencial y el concesionario participa sin conocer todos los detalles, desarrollando la ingeniería que debe aprobar el MOP. ‘El tránsito de un antecedente referencial a un proyecto de ingeniería definitiva es lo que genera ciertos conflictos y demoras’, sostiene. Añade que si la ingeniería demora impacta en el periodo que las empresas tienen para construir.
Por otra parte, respecto de la figura del inspector fiscal del MOP, afirma que ‘es un personaje poderoso dentro del sistema, es quien debe aprobar los proyectos. Pero tiene una responsabilidad personal muy grande. Entonces, muchas veces tiene ciertos temores, porque puede tener procesos administrativos de sanciones por parte de la Contraloría’.
Por eso, Abara indica que se debe ‘blindar’ al inspector fiscal y ‘contratarle un seguro para que realmente él pueda tomar decisiones de acuerdo con lo que ve en el contrato’.
El rol de la Contraloría General de la República también fue analizado por el abogado. Dice que interviene en los procedimientos, aprobando las bases de licitación, pero también fiscalizando. ‘Ahí hay una tensión. Decisiones que se adoptan de parte del MOP pueden ser de alguna manera revertidas por la Contraloría y ello trae como consecuencia impactos en el contrato y sobrecostos’, señala.
Fuente: El Mercurio