El Gobierno evalúa un recinto penitenciario para integrantes de bandas de narcotráfico y de crimen organizado, con el fin de enfrentar la expansión de ilícitos a lo largo del país.
Ante la posible habilitación de una cárcel en Calama para recluir a narcotraficantes y miembros del crimen organizado, una de las iniciativas que evalúa el Gobierno para abordar la expansión de delitos violentos en el país, se han multiplicado las reacciones de diversos sectores.
Uno de ellos son precisamente los miembros de Gendarmería, que plantean una serie de requisitos para tener en cuenta a la hora de instalar un complejo de dichas características.
1) Anonimato y protección de identidad de funcionarios a cargo del recinto:
El teniente coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación de Oficiales Penitenciarios (Anop), comenta que el artículo 27 de la Ley Orgánica de Gendarmería declara como reservada la identidad de los funcionarios, entre otros aspectos de la institución. Sin embargo, afirma que el portar el nombre, apellido y rango en el uniforme facilita la identificación de los mismos. Además, señala que la información disponible en distintas plataformas digitales para rastrear mayores antecedentes puede caer en poder de cercanos a los delincuentes que permanecen recluidos.
2) Especialización para los funcionarios a cargo de las labores en la cárcel especial:
Para Felipe Mansilla, cabo de Gendarmería y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) de la Región de Antofagasta, un recinto con estas características en Calama requeriría cambios en las formas de operar. “Habría que especializar a los funcionarios, porque van a trabajar con narcos y traficantes; es decir, gente que tiene poder. Por lo mismo, se debería empezar a especializar a funcionarios, pero para que vayan a trabajar en forma anónima; es decir, que no se sepan los datos de los funcionarios. Porque de lo contrario comenzarán las extorsiones, las amenazas a los familiares y un sinfín de cosas. Yo, siendo funcionario de Gendarmería, lo veo a años luz todavía... El grupo que trabaje en esa cárcel especial debe tener un tipo de especialización distinta para trabajar con una población de alto riesgo. También con un tipo de protección, como mascarillas, para que no se les pueda reconocer”, afirma.
3) Viviendas en zonas especiales en la ciudad:
Benítez ve indispensable que ante un recinto penitenciario de este tipo se destinen viviendas en sectores especiales para que el personal habite con condiciones mínimas de protección. “La inversión no solo tiene que ser en infraestructura para la población penal, sino que también para que el personal que esté destinado a esos lugares pueda cumplir de buena forma y sin correr riesgos, porque los arriendos son muy caros para el sueldo que recibe el personal, lo que lleva muchas veces a los funcionarios a verse obligados a vivir en barrios donde también hay personas vinculadas a alguna actividad delictiva”.
4) Seguridad y servicios en el barrio en donde vivirían los funcionarios:
A juicio de Benítez, también deben contemplarse servicios educacionales, de salud y de seguridad en el sector en donde vivirían para evitar que sus familias se trasladen en demasía a otros puntos de la ciudad. Así, dice, se reduciría el riesgo asociado a sus labores en la cárcel especial. El teniente coronel profundiza en las características que debería tener dicho espacio habitacional para gendarmes. “De partida, por ejemplo, contar con resguardo perimetral. Debe ser un recinto cerrado con control de acceso y dependiendo de la cantidad de personas que se vaya a requerir, si fuera una alta cantidad; porque esto aún está en etapa de diseño. Como todos sabemos, hoy los carteles de crimen organizado, sobre todo los vinculados al narcotráfico, tienen un alto poder adquisitivo. Por lo tanto, efectivamente, hay un riesgo alto para nuestro personal, y eso se debe prever con anticipación a la puesta en marcha de cualquier tratamiento de esas características”, afirma.
Según datos del Ministerio de Justicia, el actual Centro de Detención Preventiva (CDP) de Calama figura entre las unidades más sobrepobladas del país, con 434 internos para 252 plazas.
Fuente: El Mercurio