El Panel Técnico de Concesiones es un órgano independiente creado por la reforma a la Ley de Concesiones de 2010, cuyo objetivo es entregar recomendaciones fundadas en el caso de discrepancias contractuales entre el Estado y los concesionarios. Con el tiempo, ha aumentado el número de contratos que caen bajo su ámbito y por lo tanto la cantidad de conflictos que debe analizar. El Panel Técnico juega un papel importante en el sistema, al operar como una entidad experta e independiente que actúa en forma rápida y que contribuye a disminuir el ámbito de discrecionalidad en el sector. Al reducir el riesgo percibido por los inversionistas, baja el retorno requerido por los proyectos, con lo que el costo de las concesiones para la sociedad también se reduce. Recientemente, el presidente del Panel ha ofrecido algunas sugerencias para mejorar su funcionamiento, así como para aminorar la conflictividad en el sector.
Tal vez porque en sus orígenes este organismo no era deseado ni por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ni por los concesionarios (fue una imposición de la ley sobre ambos actores), dispone de recursos limitados. Esto hace difícil la tarea de los panelistas, especialmente cuando existen muchos casos simultáneos que deben ser resueltos en los cortos plazos que estipula la normativa. En efecto, el Panel no cuenta con recursos para contratar ayuda técnica, y el hecho de que sus integrantes sean cinco no permite cubrir todas las áreas en que se puede requerir un miembro con experiencia. En contraste revelador, el Panel de Expertos del sector eléctrico está integrado por siete especialistas y dispone de recursos para contratar ayuda técnica cuando es necesario.
En concesiones, las discrepancias deben ser falladas en un plazo de 30 días corridos prorrogables por una vez. Considerando los montos involucrados en las controversias que conoce, los cuales pueden alcanzar decenas de millones de dólares en cada caso, la escasez de recursos puede tener como resultado recomendaciones menos acuciosas y que por lo tanto no cumplan con el objetivo que fundamenta un órgano como este, de reducir riesgos e incertezas. Al respecto, el presidente del Panel ha planteado alargar los plazos, pero tal vez sería más apropiado modificar la Ley para que los 60 días sean hábiles y no corridos.
Una propuesta interesante es la de mejorar los anteproyectos con los que se licitan las iniciativas. Es frecuente, en efecto, que los proyectos referenciales del MOP o los propuestos por las empresas para ser licitados sean deficientes, por no ser suficientemente detallados o por estar desactualizados. Esto genera conflictos con las concesionarias, que descubren que elementos no incorporados originalmente aumentan sus costos. A esto se agrega el que los inspectores fiscales suelen ser rígidos en la etapa de desarrollo del proyecto de ingeniería definitiva, porque temen que cualquier flexibilidad sea observada y cuestionada por la Contraloría. Esto retrasa la aprobación de los proyectos de ingeniería y todo el proceso constructivo. Ello no significa que sea apropiado proteger a los inspectores fiscales mediante seguros contra los riesgos de una acusación, sino que el órgano contralor debiera realizar un tipo de supervisión que no interfiera en la autonomía de los inspectores fiscales para tomar decisiones.
Luego de varios años de funcionamiento del panel, es útil que se estudien formas de mejorar su operación, algunas de las cuales requieren cambios legales, y otras simples modificaciones de procedimientos tanto del ministerio como de Contraloría. Dadas la relevancia de las concesiones (solo este gobierno tiene planeado licitar más de US$ 4.000 millones) y la larga duración de los contratos, es importante reducir las fuentes de conflictividad, y así contribuir al buen despliegue de una industria que ha aportado significativamente al desarrollo nacional.
Fuente: El Mercurio - Editorial