El Fide, de unos US$ 1.440 millones, es parte del presupuesto del ministerio para financiar diversas iniciativas y generar empleo. En tanto, 503 contratos de 182 empresas han recibido el pago del reajuste polinómico por un total de $103.721,5 millones.
Con mejoramientos en la gestión de los contratos con empresas y con la implementación de un millonario fondo de infraestructura, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé impulsar la alicaída actividad económica del país y ayudar a la generación de empleo.
Así consta en un informe relacionado a la última cuenta pública del MOP, donde en el título “Plan de acción para el período 2023-2024” se detallan algunas medidas para la reactivación económica y también los planes del Fondo de Infraestructura para el Desarrollo (Fide).
En el documento, la cartera afirma que para ese período seguirá la aplicación de un polinomio a los nuevos contratos, el que apunta a enfrentar la variación de precios de los materiales, señalan en el sector de la construcción.
A lo anterior, se añade la creación de la división de mejoramiento de gestión de contratos, “con el objetivo de potenciar la productividad, sistematizar y dar continuidad institucional a las distintas mejoras de la gestión y ejecución de proyectos”.
Igualmente, se menciona la modificación del reglamento para contratos de obras públicas, DS MOP N° 75/2004, con énfasis en la competitividad, para aumentar la cantidad de empresas contratistas inscritas; agilización de procesos y continuidad de las obras; restitución de la garantía de anticipo, y medidas de protección a subcontratistas. En este último punto, se dotará a los inspectores fiscales de facultades para que los contratistas cumplan con sus obligaciones de pago a los subcontratistas.
También se destaca un reajuste excepcional para contratos de agua potable rural (APR). Según el documento, el Fide “fue creado para el año 2023 con el objetivo de aportar al proceso de recuperación de la economía nacional y generación de empleo, a través de la inversión en obras de infraestructura pública”. El levantamiento de la cartera de proyectos en regiones es encabezado por los secretarios regionales ministeriales.
El fondo cuenta con $1.160.942 millones, cerca de US$ 1.440 millones al tipo de cambio actual. El presupuesto total del MOP asciende a $3.261.930 millones. El Fide puede financiar proyectos de “arquitectura y patrimonio, viales, hidráulicos, portuarios, sanitarios, aeroportuarios, de gestión del recurso hídrico y de obras concesionadas, de 574 proyectos para ser ejecutados en 2023, generando una proyección de empleo de más de 6.000 jornadas hombre al mes”, consigna el informe.
Consultada por las iniciativas para la reactivación, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que “desde el año pasado hemos estado trabajando en una serie de medidas para apoyar la compleja situación por la que estaban atravesando muchas empresas que trabajan con el MOP. Una de las iniciativas más importantes fue la aplicación del reajuste excepcional retroactivo para paliar el alza de materiales y mano de obra en contratos en ejecución”.
López indicó que, a la fecha, 503 contratos de 182 empresas han recibido pago del reajuste polinómico por un total de $103.721,5 millones. “Con esto aseguramos la continuidad de las obras y protegemos el empleo en cada una de ellas”, añadió. Esas cifras incluyen los contratos que se ejecutan a través de las empresas sanitarias, dijo.
Sobre las iniciativas del fondo, señaló que “deben tener un claro sentido de equidad territorial, de impulso económico local, priorizando las que son intensivas en mano de obra y que generen impacto social, con especial énfasis en seguridad y con un enfoque de sostenibilidad”.
Además de las medidas de gestión para los contratos, López indicó que “estamos realizando gestiones con el sistema financiero que amplíen las oportunidades a las empresas”. Añadió que “es un deber nuestro, en el contexto en que nos encontramos, no solo intensificar la inversión, sino que modernizar nuestra normativa y forma de relacionarnos con las empresas con las que trabajamos, a fin de generar un adecuado ecosistema que favorezca la inversión, la generación de empleo y, obviamente, amplifique el impacto positivo de la infraestructura en la calidad de vida de las personas”.
Reacciones
Alfredo Echavarría, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), valoró la implementación del polinomio para ajustar los contratos de acuerdo a las variaciones de los materiales.
Sobre la creación de la división de mejoramiento de gestión de contratos, Echavarría sostuvo que “es una muy buena medida”. Explicó que muchas de las mejoras no requieren leyes, sino solo mejor gestión y que se informe a las regiones.
Si bien el representante de la CChC celebró las medidas, destacó que es clave sumar otra iniciativa que ha planteado el gremio previamente —aseguró—, y que es establecer un mecanismo de resolución temprana de controversias, para evitar que los conflictos se judicialicen.
Sobre los reajustes en contratos de agua potable rural, Echavarría afirmó que la implementación de los pagos ha sido muy lenta. “Eso hay que apurarlo”, dijo.
Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), apuntó que “la gran responsabilidad del ministerio es hacer que pasen las cosas que tiene comprometidas”. Recordó que en 2022, la cartera tuvo una ejecución presupuestaria “relativamente baja” y comentó que los problemas no han sido de recursos, sino de gestión.
Cruz indicó que se debe acelerar la ejecución de contratos, ya que “el país lo necesita, es importante incentivar la inversión”. Por ello, valoró la creación del Fide, pero insistió en que es clave que ese plan se ejecute.
También destacó el reciente anuncio de la Dirección General de Concesiones, que prevé licitar proyectos por US$ 4.216 millones a diciembre próximo, y otros US$ 3.346 millones en 2024.
Fuente: El Mercurio