Entre los Objetivos de Desarrollo Sustentables planteados en la ONU en 2015, el agua y su saneamiento ocupa un lugar preponderante, en especial, en medio de la crisis climática. En términos de abastecimiento y tratamiento, Chile se encuentra en posiciones muy superiores respecto a otros países de América Latina, lo que ha sido resultado de un esfuerzo importante de los últimos 30 años en el que ha concurrido el Estado, el sector privado y la comunidad.
Sin embargo, resulta indispensable avanzar en dotar de recursos hídricos a las zonas más alejadas del país, aunque la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales están abordando el problema de manera eficiente.
Los diversos sectores económicos también están enfrentando este desafío. Es el caso de la minería, que se encuentra en vías de resolver sus necesidades de suministro permanente a través de un gran esfuerzo de desalinización de agua de mar. Esto asegura que la producción, al menos de las grandes empresas, no se vea impactada por la escasez hídrica.
Junto a lo anterior, debemos recordar que el 70% de la disponibilidad de agua se destina a la agricultura. Queda la impresión de que a este sector el progresivo cambio en la disponibilidad hídrica del país no le preocupa mayormente, con la excepción de los pequeños agricultores que ya enfrentan sequías significativas que los han obligado a cambiar de actividad o a emigrar. Desde el punto de vista del país nos debería preocupar el impacto que esto podría tener y los efectos sobre una de nuestras principales áreas de exportación.
Chile tiene un potencial agroexportador de gran importancia. Por la disponibilidad de terrenos, el clima y por la capacidad emprendedora, este sector podría ser equivalente a la minería en materia de exportaciones, pero para ello requiere suministro, el que es cada vez más difícil de conseguir. Los cambios tecnológicos en el agro le han permitido aumentar su producción con una disminución del consumo, lo que valida la hipótesis de que una buena parte del problema de disponibilidad hídrica tiene que ver con la gestión.
Una alternativa posible es invertir en un aumento importante de la oferta de agua, a través de desalinización que dote de recursos hídricos a las actividades exportadoras. Una planta de este tipo puede llegar a generar un metro cúbico por segundo, lo que equivale a un embalse que acumule 30 millones de m3 en el año. Esto permite irrigar una superficie de al menos ocho mil hectáreas. Las condiciones para ello son propicias, pues se cuenta con la amplia experiencia del sector minero en este ámbito.
Nuestro país cuenta, además, con un potencial en energías renovables no convencionales. Estamos dando los primeros pasos en hidrógeno verde y almacenamiento energético a través del litio, lo cual podría abastecernos de energía a un valor muy bajo. Por otra parte, las tecnologías de desalinización han bajado considerablemente sus costos y han aumentado su eficiencia, lo que transforma esta opción en algo accesible.
No obstante, para que estas ideas se concreten se requiere de una acción más decidida por parte de quienes serían los beneficiarios directos de esta política pública. Las diferentes entidades que representan al sector agroexportador deberían ser actores relevantes en la elaboración de propuestas en este sentido, las que necesariamente deberían involucrar al Estado como agente promotor, articulador y regulador, a los regantes como beneficiarios y financistas, a los bancos e instituciones financieras, como soportadores financieros de los proyectos y a las comunidades, como beneficiarios de un esfuerzo compartido. Como Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) nos manifestamos dispuestos desde ya a colaborar en este proceso.
C0lumna de CARLOS CRUZ, DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUCTURA (CPI)
Fuente: El Mercurio