Hay consenso en que la infraestructura es un importante motor del desarrollo económico. Por ello, llama la atención que las inversiones y anuncios de obras al parecer no sean un eje prioritario en la política económica.
Un área donde se deben tomar decisiones con urgencia es la logística, por la incidencia que tiene en la competitividad del país. El 75% del PIB nacional proviene del comercio exterior. Nuestro país requiere de niveles de eficiencia en su cadena logística que permitan minimizar el costo de los productos importados y maximizar los excedentes de nuestras exportaciones. Chile gasta el doble que los países de la OCDE en logística interna, desventaja que debemos revertir.
No resulta explicable que aún no haya avances relevantes en un proyecto emblemático como el Puerto de Gran Escala de San Antonio. Presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2020, no se visualizan fechas concretas para iniciar su construcción y, por ende, menos para la puesta en marcha. En Perú, en cambio, se avanza aceleradamente en el puerto de Chancay —financiado en gran parte por capitales internacionales—, que se inaugurará en 2024, llevándose buena parte de la carga en el Pacífico.
Un golpe, sin duda, a las aspiraciones de Chile de ser el engranaje central para el comercio entre América del Sur y Asia. Retomar el liderazgo en el Pacífico Sur nos impone sacar adelante este proyecto en el menor tiempo posible. Para lograrlo será necesario involucrar a todas las instituciones del Estado que invierten en San Antonio. Si no nos tomamos en serio este tema, los puertos chilenos van a terminar convertidos en puertos de cabotaje y creo que nadie quiere que eso ocurra.
Tampoco vemos iniciativas concretas para abordar la grave crisis hídrica. ¿Dónde están los proyectos para la construcción de plantas desaladoras y nuevas obras de regadío? ¿O el proyecto de fibra óptica para lograr la conexión entre Chile, APEC y América Latina?
Son casos donde urge actuar con celeridad. Por ello, insistimos en la propuesta planteada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) —y presentada al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Hacienda, Mario Marcel— de generar una institucionalidad supra ministerial, que involucra la creación de un consejo asesor público-privado cuya misión sea elaborar una política de Estado, que trascienda los gobiernos; los planes para que ello sea posible y los mecanismos de seguimiento de los compromisos contraídos.
Esperamos que se avance en esta propuesta y que sea enviada al Congreso este año, para que cumpla su tramitación legislativa en 2024. Permitiría retomar la senda de crecimiento, inversión y empleo para mejorar la calidad de vida para los chilenos y chilenas.
Fuente: La Segunda