La iniciativa permite cambios en los planos reguladores y la exclusión de los penales del “congelamiento” urbanístico.
Un proyecto de ley para facilitar la ampliación de recintos carcelarios existentes, en medio de la crisis de ocupación que mantiene el sistema penitenciario, ingresó hace pocos días a la Cámara de Diputados. Esta semana, se dio cuenta en la Sala de la iniciativa, siendo derivada a la comisión de Constitución.
En primer lugar, el texto propone una norma que tendría una vigencia de 48 meses desde la publicación de la ley en el Diario Oficial, que permitiría que el Ministerio de Justicia proponga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la modificación de planos reguladores para la “alteración, ampliación, reparación o reconstrucción de establecimientos penitenciarios existentes”.
Ante esta propuesta, la cartera de Vivienda solicitaría informes a municipalidades y gobiernos regionales, según corresponda, para luego pronunciarse mediante resolución fundada.
También, y en carácter de norma permanente, el proyecto plantea que los establecimientos penitenciarios no estén afectos al “congelamiento” urbanístico que establece el Decreto con Fuerza de Ley 458. Lo anterior, busca que se permita el aumento de superficie hasta en un 50%, cuando sea imprescindible para mejorar su funcionamiento y asegurar el cumplimiento de sus fines, lo que debe constar mediante calificación fundada del Ministerio de Justicia, con informe favorable de Gendarmería.
El titular de la cartera, Luis Cordero, explica que “la opción por la cual ha optado el ministerio en este tema tiene que ver con que aquellos lugares donde ya se encuentran establecidos los penales, los impactos ya están internalizados y, en consecuencia, es más eficiente para el Estado —en el corto plazo—, dada la situación actual, invertir en la ampliación de penales, dado que la construcción de nuevos penales, la experiencia indica que está demorando entre 10 y 15 años”.
En esta línea, aclara que se trataría de penales “donde sería posible edificar en altura, por ejemplo, o realizar ampliaciones que no podríamos realizar hoy día, porque estamos congelados por el plano regulador”.
Si bien el secretario de Estado asegura que los lugares en que se buscaría intervenir se darán a conocer en el Congreso, según datos del propio ministerio, la Región Metropolitana es una de las zonas en las que no se puede crecer en metros cuadrados construidos debido a planos reguladores, por lo que podría ser una de las que se tienen a la vista.
Unidad especial de Gendarmería contra el crimen organizado
El proyecto, además, contiene una norma que establece nuevas funciones para Gendarmería, consistentes en “asesorar, controlar y coordinar las acciones relativas a la persecución y prevención del surgimiento y operación de organizaciones delictivas o criminales”.
Cordero afirma que se trata de “entregarle competencias explícitas para la Unidad de Investigación Criminal de Gendarmería, y que quede consagrado en la ley, esto es complementario a lo que ya el Congreso aprobó en el caso de Combate contra el crimen organizado, donde Gendarmería tiene atribuciones, pero esto nos permitiría tener una unidad específica con ese fin al interior de Gendarmería, y por eso el reconocimiento legal”.
VIGENCIA
Propuestas de cambios en planos reguladores podrían realizarse durante 48 meses, tras convertirse el proyecto en ley.
Fuente: El Mercurio