Uruguay es un país interesante en términos de sus servicios públicos. Por una parte, ha conseguido lo que no han podido alcanzar otros: una matriz eléctrica renovable en un 98%, y precios de la energía que van cayendo en el tiempo. Es el lado positivo. Por otra parte, el agua actualmente disponible para los habitantes de Montevideo no es plenamente apta para ser bebida. Una gran sequía ha reducido los embalses que alimentan la ciudad a reservas minúsculas, y se ha debido recurrir al agua salobre cercana al río de la Plata, mezclándola con la dulce. Producto de ello, la autoridad ha tenido que relajar los estándares de contenido de cloruro de sodio y se ha recomendado abstenerse de beber esa agua a grupos de riesgo como las personas hipertensas. El gobierno, además, ha debido adoptar medidas para facilitar el acceso de las personas de menores recursos a agua embotellada. Y aunque recientes lluvias en algo han aliviado la situación, el panorama sigue siendo preocupante. Ante eso, las autoridades han diseñado una solución de emergencia para traer agua desde otro río; de tener suerte con el proceso constructivo, el próximo mes podría aliviarse el problema.
El caso ha originado discusiones políticas y hasta un comentado impasse con Argentina, luego de que el Presidente Alberto Fernández afirmara que “en Montevideo abren las canillas y el agua no sale”, lo que en rigor no es efectivo y motivó la molestia del gobierno uruguayo. Con todo, la situación es anómala y arriesga agravarse. Por lo mismo, un análisis de lo ocurrido puede ser aleccionador. Y es que este escenario de carestía encuentra su origen en la referida sequía (la más grave de los últimos 80 años), pero también en la falta de previsión y la consecuente ausencia de inversiones en un proyecto de embalse adicional que habría dado más seguridad al suministro. Dicho proyecto fue diseñado hace varios años, pero gobiernos sucesivos decidieron destinar sus recursos a otros usos. Al respecto, el expresidente Mujica ha señalado la responsabilidad compartida de esas administraciones, incluyendo la suya, las cuales habrían desechado la inversión porque —según su explicación— no deseaban incrementar el déficit fiscal.
Es interesante notar que en Uruguay el sistema de agua potable es del Estado, luego de un plebiscito que excluyó la participación privada. Esto, en contraste con Chile, cuyas empresas sanitarias son administradas casi todas por el sector privado. Así, en nuestro país, tras catorce años de megasequía —la peor de la que se tienen registros—, las ciudades de todo el territorio han dispuesto de agua potable sin interrupciones. Es válido observar que localidades rurales aisladas, que no forman parte de las concesiones sanitarias, sí tienen dificultades de acceso al agua y es necesario distribuirla allí mediante camiones aljibe. La razón de ello es la complejidad y alto costo de dotar de agua segura a esos lugares; en Petorca —levantada como un caso emblemático por quienes cuestionan la institucionalidad hídrica— son, por ejemplo, menos de 10.000 personas viviendo en unas 300 localidades, ubicadas en valles alejados. Los problemas se deben a que la sequía ha hecho bajar las napas, y los pozos de las asociaciones de agua potable rural no alcanzan a llegar al recurso.
No es, por cierto, el régimen de propiedad el causante de esa situación. Tal argumento omite el hecho de que el Código de Aguas —incluso antes de sus últimas reformas— permite la expropiación de derechos cuando es necesario para el consumo de las personas. De hecho, en el caso de las ciudades, las empresas sanitarias adquieren (mediante arriendo) aguas a la agricultura o la minería. De este modo, en Santiago, por ejemplo, se les ha arrendado durante los últimos años a los agricultores del Maipo varios metros cúbicos por segundo, y se ha invertido en pozos y estanques. Hacia adelante, esa agua formará parte del acervo de la ciudad y se les devolverá mediante un ducto de 35 km que trasladará aguas tratadas desde la planta El Trebal, en Padre Hurtado, hasta cerca de Puente Alto. Esta inversión aumentará la seguridad hídrica de la capital.
El contraste entre nuestras ciudades y la situación de Montevideo debería hacer reflexionar a quienes creen que la propiedad estatal y la cancelación de los derechos de agua son medidas positivas. Al contrario, nuestro esquema institucional da más seguridad que la alternativa estatal. Deben recordarse los costos para una compañía privada cuando falla el suministro, como ocurrió hace años con la sanitaria de Osorno, y se comprenderá por qué las empresas harán lo posible para evitarlo. En Montevideo, por el contrario, la actitud ciudadana parece de resignación frente a un mal servicio estatal, y tal vez esa falta de indignación popular contra los responsables es la que está en el origen del problema.
Fuente: El Mercurio