Diversos estudios han concluido que el sistema de permisos para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile es ineficiente y genera incerteza jurídica. Esta ineficiencia radica principalmente en una elevada complejidad regulatoria que podría inhibir el desarrollo sostenible sin necesariamente significar una ganancia ambiental. Entre los diagnósticos compartidos se encuentra la ausencia de plazos en la normativa y, cuando los hay, el incumplimiento generalizado de los plazos para su otorgamiento, la existencia de procesos obsoletos, una baja digitalización y una alta discrecionalidad en criterios aplicados por los Servicios y la falta de coordinación entre ellos.
Un estudio reciente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), que se suma a otros documentos previos de 2016 y 2019, hizo una revisión y análisis de los permisos sectoriales claves para el desarrollo de proyectos de inversión en Chile. Los resultados son poco alentadores. Del seguimiento de 40 permisos prioritarios -de un sorprendente total de 439 trámites con incidencia en el proceso de aprobación de inversiones-, se observa que los permisos de mayor complejidad demoraron en promedio 17 meses en los últimos cinco años.
Lo cierto es que en Chile un proyecto grande no tarda menos de 10 años en lograr la tramitación de los permisos exigidos, y eso si logra sortear los escollos políticos del proceso de evaluación. Se trata, como planteó un exministro de Hacienda, de un verdadero impuesto indirecto a los proyectos de inversión.
Mejorar el sistema de permisos ha estado en casi todas las agendas gubernamentales de los últimos 20 años, con escaso avance. Es meritorio que el actual Ministerio de Economía esté trabajando en una simplificación y agilización del sistema de permisos sectoriales, pero hace falta que tal propósito también se extienda a los permisos ambientales.
Lamentablemente, lo que se ha visto es que las propuestas legislativas y las guías de implementación emanadas de la autoridad ambiental van en dirección contraria, elevando las exigencias y haciendo aún más larga y costosa la tramitación de permisos para el desarrollo de proyectos.
Fuente: Diario Financiero