En el listado figuran obras de las empresas Claro Vicuña Valenzuela; Cosal y Vecchiola. La CChC estima que las quiebras de firmas no han terminado.
Un total de 163 obras ligadas al Ministerio de Obras Públicas (MOP) han sido abandonadas entre 2021 y lo que va de este año, por parte de empresas constructoras que se vieron afectadas por el fuerte aumento de precios de los materiales, algunas de las cuales tuvieron que reorganizarse o liquidarse (quiebra).
Así lo dio a conocer ayer la directora general de Obras Públicas (DGOP), Valeria Bruhn, quien expuso ante la comisión de OO.PP. del Senado, junto a la ministra del ramo, Jessica López.
De esos 163 contratos abandonados —término utilizado por el MOP—, el 54% se encuentra hoy en licitación, adjudicación y ejecución. En el listado global figuran 10 iniciativas dejadas por la constructora Claro Vicuña Valenzuela, de las cuales, siete ya se están retomando, indicó Bruhn.
Solo en 2023 se registraron 36 faenas abandonadas, donde se incluyen las obras de la constructora Cosal, que hace unos días solicitó su liquidación, y también las de la firma Vecchiola.
Igualmente, había 27 contratos de la empresa Santa Fe que estaban afectados por una medida precautoria, pero recientemente la justicia levantó dicha medida y el MOP espera reanudar pronto esos trabajos.
“Cualquier obra abandonada sabemos que es terrible para la comunidad, para los trabajadores, para nosotros”, afirmó la directora general de OO.PP.
Bruhn también detalló las medidas que ha adoptado el ministerio para reimpulsar la actividad de la construcción, afectada por el incremento de los costos de materiales. En ese aspecto, destacó la implementación del reajuste excepcional retroactivo de los contratos para paliar el alza de los precios de los materiales, a partir de septiembre de 2021 y por un máximo del 20% del valor del contrato adjudicado.
A junio de este año, el reajuste retroactivo se ha aplicado a 547 contratos de 189 empresas, por un monto de $110.000 millones. “Cuando vamos a ver obras, muchas empresas nos dicen que gracias a este reajuste nosotros estamos aquí hoy día”, señaló Bruhn.
Pero la DGOP afirmó que “esta medida también ha tenido algunos puntos más difíciles, donde no pudimos avanzar con la misma velocidad, que tienen que ver con las obras mandatadas de los gobiernos regionales. Ahí, dependíamos de la disponibilidad presupuestaria de los gobiernos regionales, que además tenían que ser aprobados por los cores respectivos”.
La funcionaria indicó que “creamos en febrero de este año, dentro de la Dirección General, una división de mejoramiento de gestión contractual. Esta es una buena noticia y que viene a atender no solo este mandato que tenemos de reactivación económica, sino que también de poder hacernos cargo de una brecha en materia de productividad y de modernización en los procesos”.
Otra mejora al sistema que destacó el MOP es que ahora se permitirá la conformación de consorcios para la complementación de la capacidad económica de los contratistas y no solo para suplementar especialidades.
Igualmente, se refirió al “confirming estatal”, para el pago de facturas anticipadas para proveedores, pólizas de garantías y créditos a tasas preferenciales, que fue acordado en agosto de 2022 por el MOP y BancoEstado. En esta materia, el ministerio estaría abordando una mejora al mecanismo.
Añadió que también “estamos trabajando con el BancoEstado en poder mejorar una póliza que existía para el aseguramiento de las maquinarias en la macrozona sur”.
Proyectan más quiebras
El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, también expuso en la comisión de OO.PP. del Senado sobre la situación de las empresas constructoras.
Afirmó que “la reorganización y liquidación de empresas es un tema que nos ha afectado. Lamentablemente, creemos que no ha terminado; no son muchas las que pueden estar todavía en problemas, pero sí varias”.
Por ello, solicitó que las medidas de reactivación deben implementarse con celeridad, “para que no volvamos a tener más (quiebras o reorganizaciones), porque cada una que se nos cae, se caen obras y después el costo para el Estado es muy alto”.
Echavarría también aludió a los problemas para trabajar que tienen las empresas en la macrozona sur del país, debido a la violencia. En ese sentido, señaló los inconvenientes en materia de pólizas de seguros para contratistas y sus maquinarias.
Asimismo, el dirigente de la CChC se refirió a los retrasos en la ejecución de las obras que se producen cuando se encuentran hallazgos arqueológicos. Al respecto, dijo que han sostenido reuniones con el Consejo de Monumentos Nacionales.
Fuente: El Mercurio