Numerosas empresas del sector construcción han iniciado procesos de liquidación en los últimos meses, engrosando así la lista de compañías de este ámbito en dificultades financieras. La quiebra de una histórica empresa constructora en el último trimestre de 2022 fue la primera alerta pública respecto de los problemas que está enfrentando este sector y motivó un ajuste importante en las evaluaciones sobre la salud económica del rubro.
La debilidad en las ventas inmobiliarias, junto con los mayores costos, las dificultades de financiamiento y los extensos tiempos burocráticos para la aprobación y recepción de los proyectos han venido conformando una compleja combinación. Y aun cuando algunos de los problemas que enfrentaban las constructoras han tendido a disiparse —por ejemplo, las dificultades de disponibilidad de insumos derivadas de las restricciones de oferta durante la pandemia—, otros aspectos siguen tensionándolas.
Desde luego, las ventas de viviendas continúan débiles —así como la inversión en general—, lo que constituye la base del complejo escenario que enfrentan. Se trata de un contexto donde el acceso a financiamiento permanece restringido, tanto para los clientes finales —que hoy solo pueden acceder a créditos hipotecarios en condiciones más adversas— como para las mismas empresas; esto último, como consecuencia de una mayor percepción de riesgo y de una presión desde las instancias reguladoras del sector financiero que desincentiva la exposición al sector. Resultado de todo esto, las firmas, necesitadas de financiar sus inversiones por un tiempo más prolongado, dada la lentitud del mercado, deben hacerlo además a costos mayores.
Por otra parte, el estrés regulatorio al que se ven directamente sometidos los proyectos es alto y en ciertos aspectos hasta podría calificarse como draconiano. En este ámbito, por ejemplo, las dificultades y trabas para obtener permisos de edificación y recepción municipal en tiempos adecuados siguen representando una traba importante al desarrollo del sector, incrementando los costos y los tiempos de venta.
Si algún elemento positivo asoma en el actual panorama, cabría mencionar el fin de la pandemia, que ha tendido a normalizar las cadenas de suministro de diversos insumos, y —paradójicamente— el modo en que la misma debilidad económica puede contribuir a bajar las presiones de costos. Por el contrario, parece preocupante la lentitud con la que el Gobierno estaría desembolsando los ajustes comprometidos con empresas del sector. En efecto, fueron numerosos los contratos con el sector público —y también con mandantes privados— que sufrieron grandes aumentos de costos como consecuencia de la pandemia y de la alta inflación, lo que llevó a las autoridades a prometer recursos adicionales para cubrir al menos en parte ese aumento. Sin embargo, de acuerdo con el análisis del sector, esos recursos han sido entregados de manera muy parcial, por lo que la medida dista de estar consiguiendo sus objetivos. Esta lentitud está representando un costo muy significativo para las empresas, que debiera ser minimizado con una acción mucho más proactiva por parte del Gobierno.
Fuente: El Mercurio