El Consejo de Políticas de Infraestructura pone el foco en la creación de una comisión asesora presidencial encargada de elaborar un plan nacional, con las prioridades generales del país.
A 30 años de haberse iniciado el sistema de concesiones, que ha permitido el desarrollo de la infraestructura en Chile, en el último tiempo no se ve que este esquema de asociación público-privada haya seguido creciendo para acompañar los nuevos requerimientos del país en materia de obras públicas. Un tema que plantea diversos desafíos, como enfatizó Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), durante un seminario de Clapes UC en el que participó junto a un grupo de expertos.
En entrevista con “El Mercurio”, el economista detalla sus puntos de vista, destacando la necesidad de acortar los períodos de licitación y ejecución de las obras concesionadas, en un momento en el cual el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de licitaciones.
—¿A qué atribuye la pérdida de impulso que ha tenido el sistema?
“Tengo la impresión de que ha habido una progresiva transferencia de responsabilidades del Estado al sector privado en distintas materias, que han hecho que el impulso del sector se haya visto disminuido. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con estudios de impacto ambiental y la negociación con la comunidad del territorio, progresivamente se ha traspasado a los eventuales proponentes o a los concesionarios. Eso ha dificultado proyectos que, por las demandas locales, aparecían como de gran interés público. A ello se suman las dificultades para conseguir permisos”.
“En el último año y medio, en que no se licitó ningún proyecto —salvo hasta ahora, que está en proceso de licitación Santiago-Los Vilos—, se intentó hacer una readecuación de los proyectos, tratando que fueran más digeribles para las comunidades. Esto implicó revisar proyectos que estaban estructurados para licitarse, lo cual tomó tiempo”.
—¿Ve posible el cumplimiento de la cartera de concesiones que acaba de anunciar el MOP?
“Creo que sí, hay mucho interés privado, no solo de las empresas que están trabajando en Chile, sino de otras empresas que podrían sumarse al proceso. Los ministros de Hacienda y de Economía y el propio Presidente Boric, en su gira al exterior, han constatado este interés, por lo que no deberíamos tener problemas de disposición de inversionistas privados de participar en las licitaciones y apostar por los proyectos”.
—¿Se justifica el prolongado período de licitaciones y materialización de las concesiones? Santiago-Los Vilos recién iniciaría las obras en 2029.
“Es una pésima señal licitar hoy una obra que se va a materializar en cinco o seis años. Es parte de las cosas que hay que corregir. Lo que planteamos en el CPI apunta a acortar los períodos de ejecución de las obras; que una vez que el contrato sea transferido, el privado debe construir lo antes posible. Para ello debemos tener proyectos de mejor calidad, condiciones contractuales más claras y definidas y capacidad de seguimiento más profundo de los proyectos, todo lo cual implica reforzar las instituciones que hoy están a cargo de esta industria. En el 2000 había 300 personas trabajando en la unidad de coordinación general de concesiones y hoy es el mismo número, en circunstancias de que esta industria tiene activos por más de US$ 28.000 millones”.
—¿En qué consiste la “ventanilla única” que plantea para resolver el problema de la “permisología”?
“Cuando hablamos de ‘permisología' nos referimos al exceso de trámites y a la demora. En ese entendido, creo que es distinto tramitar un permiso ambiental para un organismo del Estado, en comparación con lo que implica para el sector privado, ya que la percepción de las comunidades es diferente cuanto el proyecto es de interés del Estado”.
“La ‘ventanilla única' consiste en concentrar en el Estado la tramitación de los permisos que se requieran. Es una forma de acortar los plazos”.
—Relegitimar el sistema de concesiones para que sean valoradas es otro de los desafíos que ve el Consejo. ¿Por qué cree que la ciudadanía es crítica?
“Pienso que en general hay una buena valoración del sistema concesional, dado que el mismo uso de las infraestructuras concesionadas supone una cierta aceptación ciudadana. Hay ciertos aspectos críticos, por ejemplo la política tarifaria de las concesiones urbanas e interurbanas, cuestión que el Gobierno está revisando y me parece que es una buena señal buscar una forma más razonable de estructurar las tarifas. Hay que pensar que, producto del uso, las obras van perdiendo servicialidad y las tarifas debieran recoger esa realidad. Además, las tarifas no deben estructurarse para que sea una generación la que pague la inversión. Si una obra demora 60 años en depreciarse, es perfectamente posible que se repague en esos 60 años y no en los primeros 20 años”.
“Otro aspecto importante es cierta opacidad en la industria, que habría que corregir con la apertura acerca del origen y destino de los recursos que perciben las concesionarias, de modo de tranquilizar a la comunidad de que no son rentabilidades excesivas y que hay un compromiso de las propias empresas de mantener un rango de rentabilidad razonable. Diría también que se requiere un compromiso mucho más fehaciente de la industria con el tema de sustentabilidad del medio ambiente y con la comunidad”.
—¿Qué rol tiene la comisión asesora presidencial que propicia el CPI?
“Básicamente, elaborar un plan nacional de infraestructura, poniendo por delante las prioridades del país y por esa vía ordenar las decisiones que tomen los ministerios y las distintas agencias ejecutoras. Nuestro diagnóstico es que hoy en día cada uno de los ministerios, empresas públicas y otras agencias que ejecutan inversión operan muy bien, pero no miran para el lado, en circunstancias de que ello permitiría coordinarse en función de objetivos compartidos, con acciones coherentes en el momento y en el tipo de inversión que realicen, lo que podría acelerar la ejecución de proyectos en forma coordinada. Junto con ello, permitiría hacer un seguimiento más permanente de los avances de las iniciativas de inversión que se están llevando a cabo y hacer las correcciones necesarias cuando corresponda. Hay obras que se hacen por concesión y otras por presupuesto público. Un organismo de esta naturaleza debiera ser capaz también de identificar cuándo conviene utilizar una u otra vía”.
—¿Dónde poner el acento para enfrentar la escasez de agua que es cada vez más acuciante?
“Les tengo harta confianza a los embalses, pero son muy difíciles de materializar porque son muy invasivos. Hay que avanzar rápido en una política nacional de desalinización. Entre Coquimbo y Maule es perfectamente posible instalar un número importante de desalinizadoras que resuelvan el problema del consumo humano y que también generen agua para el consumo productivo. Es la zona de mayor potencial agroindustrial”.
—¿Qué se requiere para duplicar o triplicar las concesiones en el país?
“Esencialmente, convicción de que este es un sistema que funciona, que se adopten todas las medidas necesarias para resolver los problemas que enfrenta y que se transformen efectivamente en una forma de financiar infraestructura que tenga sentido no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional”.
Fuente: El Mercurio