Esto significa una elevación de los costos de los proyectos y la destrucción de valor económico y empleos.
Los niveles actuales de ocupación para toda la economía han alcanzado en las últimas mediciones nacionales las cifras previas a la pandemia. En la actualidad aquellos son un modesto 1,8% más altos que en el momento en que esta se desatara. Sin embargo, hay sectores donde esa recuperación no ha ocurrido. La construcción es el ejemplo más evidente. Son diversos los factores que influyen en esta evolución. Uno que está jugando un papel relevante es el aumento en los dividendos que se pagan por la contratación de un crédito para la compra de una vivienda en un entorno económico débil. La menor actividad tiene aquí una explicación importante.
Sin embargo, hay otros elementos. En efecto, cuesta entender la demora que en el contexto actual están teniendo los permisos de edificación. Estos, según consigna un reporte de GPS Property, llegaron en el segundo semestre del año pasado a 250 días en el caso de los departamentos y 252 días en el caso de las casas, un aumento de 5,5 y 12,1 por ciento, respectivamente, respecto del mismo período de 2022. Esto ocurre a pesar de que por asuntos como los antes mencionados, el número de permisos que se tramita ha ido retrocediendo. Este alargamiento de los plazos es complejo, porque las aprobaciones son parte de una cadena más larga de autorizaciones.
La aprobación completa de un proyecto inmobiliario tomó más de 800 días promedio en los últimos cuatro años, según un estudio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Es muy posible que atrasos en una parte del proceso prolonguen los plazos en otras etapas. Esta realidad, cabe recordar, no está abordada en su integralidad en el proyecto de ley que intenta poner límites a la 'permisología'.
En el caso de los permisos de edificación, los plazos de tramitación superan las normas vigentes y seguramente revelan no solo problemas de gestión, sino también una respuesta inadecuada a los cuestionamientos que han recibido las direcciones de obras en el último tiempo. Sin embargo, los cuidados por reducir eventuales riesgos y posteriores consecuencias resultan exagerados. El alargamiento de la tramitación disminuye la eficiencia de los proyectos inmobiliarios. Por ello, se finaliza agregando menos valor a los desarrollos que estos generan y, por tanto, esto repercute en un crecimiento económico más modesto y simultáneamente en menores contrataciones. Este impacto habitualmente no se considera en los análisis que se realizan sobre la demora en estas tramitaciones. No solo significan una pérdida de tiempo y elevación de los costos de los proyectos, sino que también destruyen valor económico y empleos, particularmente de trabajadores menos calificados. De ahí la importancia de cambiar esta cultura poco atenta a los requerimientos de una economía ágil y moderna.
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