En promedio, el Ejecutivo calcula que el trámite de autorizaciones sectoriales sería un 30% más breve con las medidas de la ley marco que se tramita en el Congreso. En el proceso completo, eso sí, el 22% del tiempo se concentra en la fase ambiental.
El Gobierno espera reducir en hasta un tercio los permisos sectoriales que son críticos para la inversión y entregó detalles del proceso para cumplir dicha meta. Un informe de la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía resumió la ruta crítica de autorizaciones que deben conseguir siete tipos distintos de proyectos representativos, ya sea porque caracterizan a ciertos sectores y tipos de empresa, o porque se constituyen como casos emblemáticos de la denominada 'permisología'.
El documento, al que tuvo acceso 'El Mercurio', grafica el impacto que tendría en el tiempo efectivo de tramitación para cada uno de estos proyectos la llamada Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales que se presentó al Congreso (reforma a la 'permisología' sectorial).
Usan cálculos conservadores. Se considera que los plazos sectoriales bajarían en 35,4% en promedio. Si se suman los trámites relativos a la evaluación ambiental, la disminución se acota a 27,6%.
Análisis con los grandes proyectos
Aunque la reducción de tiempos es transversal, su magnitud varía de acuerdo con la complejidad de cada proyecto. Uno de los más emblemáticos es el de una planta desalinizadora de agua para consumo humano, que en los cálculos de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) podía llegar a tardar hasta 11 años y siete meses.
Economía prevé que la reforma permitirá recortar los plazos en 34% para la autorización sectorial en este caso. Hay detalles de cómo se llega a esa cifra: una caída de al menos 15% en la obtención de la Concesión Marítima Mayor, que actualmente da cuenta de casi el 37% del plazo total asociado al proyecto (ver infografía). El menor plazo se explica por los tiempos límite que establece la ley y normas como la incorporación del silencio administrativo.
En otros casos, como la autorización requerida para una obra hidráulica mayor, aplicaría el reemplazo del permiso por una declaración jurada, si es un proyecto de bajo riesgo. El cálculo también supone que se reduce el tiempo de tramitación por un 'hallazgo no previsto' que detecte el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), y que los órganos sectoriales mejoran 'en al menos 20% la tasa de cumplimiento', debido al monitoreo del nuevo Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.
Supuestos similares y otras normas, como un examen de admisibilidad previo, en general, explican también la reducción de 31,1% en la tramitación sectorial de una línea de transmisión eléctrica de alto voltaje, o de 45% en el caso de un proyecto de explotación minera por más de 5.000 toneladas al mes.
Efecto proporcional
En la cara opuesta de cómo opera el proyecto del Ejecutivo, también se simula su impacto en la ruta de un proyecto representativo del sector pyme, como un local de elaboración y consumo de alimentos, con comedor y terraza, emplazado en una zona urbana. En este caso, de acuerdo con el Ejecutivo, los tiempos se rebajan en 69%, dado que ni permisos de edificación ni el informe sanitario serían necesarios.
Aunque el efecto proporcional es más notorio en un proyecto de menor envergadura, el ministro de Economía, Nicolás Grau, señala a 'El Mercurio' que se genera un efecto complementario: 'En contextos de bajo riesgo, esto permite que los servicios que actualmente están atochados van a poder liberar ese tiempo y responder con más rapidez a autorizaciones que impliquen un riesgo mayor y que, por tanto, no puedan ser reemplazadas'.
La otra parte: la dimensión ambiental
Al observar la ruta crítica de los proyectos que el Ministerio de Economía toma como ejemplo, se observa que, en promedio, la obtención de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) representa el 22% del tiempo total de tramitación. Como el proyecto en cuestión no abarca la fase de evaluación ambiental (hay una iniciativa aparte al respecto), en un escenario posreforma los tiempos de esta etapa aumentarían a un 30,4%.
En la situación actual, la obtención de una RCA demora 378 días para un hospital de alta complejidad: el 27,4% del proceso de 1.058 días que enfrenta para obtener todos los permisos críticos para funcionar. También significa una demora de 260 días (24,3% del total) para la construcción de un condominio de viviendas sociales financiado mediante el programa regulado por el DS 49.
Existe un proyecto de ley paralelo para reformar el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que se tramita en el Senado. Por eso, el informe tampoco se hace cargo de los efectos de esta nueva normativa sobre el plazo para obtener una RCA. El ministro Grau asegura que 'solo el efecto relacionado al proyecto de permisos sectoriales es sustantivo', aunque recalca que es complementario con la iniciativa ambiental: 'También implicará una reducción importante de los tiempos. Tenemos que avanzar en los dos ámbitos'.
Aunque también hay 'símbolos' de la 'permisología', como el CMN y las concesiones marítimas, que el Ejecutivo pretende agilizar con cambios específicos, el ministro subraya que 'se abordan de igual manera que los 380 permisos que son parte del sistema que se está creando'.
Fuente: El Mercurio