En medio de la discusión del proyecto de ley en el Congreso, el Ejecutivo estima que etapas como las consultas de pertinencia y la reclamación tendrán lapsos considerablemente menores, aunque en el sector empresarial indican que el diseño falla en entregar certezas jurídicas para la inversión.
El Gobierno se planteó metas para la 'permisología' ambiental, pero aún no convence a los gremios del sector empresarial. La estrategia del Ejecutivo para agilizar la ruta crítica de autorizaciones que atraviesa un proyecto de inversión ya se discute en el Congreso, pero los detalles empiezan a generar dudas.
La etapa de evaluación ambiental es clave en el proceso. Según estimaciones del Ministerio de Economía, representa poco más del 20% del tiempo total que requiere un proyecto para comenzar a operar. En este trámite, la cartera de Medio Ambiente asegura que la reforma que está planteando al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuenta con al menos seis herramientas para reducir plazos de tramitación, e incluso simula sus efectos prácticos.
Consulta y reclamación
El diagnóstico del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) es que si bien el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) opera con plazos legales que se cumplen, las demoras se producen cuando los titulares de proyectos solicitan la suspensión de los tiempos para responder a los organismos con competencia ambiental. Esto ocurre con mayor intensidad en las consultas de pertinencia, que en promedio demoran 118 días y pueden ocurrir antes que un proyecto ingrese a evaluación, o cuando se modifica, incluso si ya tiene una Resolución de Calificación Ambiental (RCA). En este último caso, un informe de la cartera al que tuvo acceso 'El Mercurio' indica que solo un 1,8% de las consultas ingresan nuevamente al SEIA, plazo que se reduce en hasta un 96% con la reforma, que habilita la opción de presentar una declaración jurada informando del cambio, sin esperar una respuesta (ver tabla).
El contenido de esas declaraciones, eso sí, será fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. En las consultas de ingreso, por su naturaleza, no habría cambios en los plazos.
Un segundo efecto concreto que calcula el MMA se produce en la fase posterior a obtener una RCA, donde los titulares pueden impulsar una reclamación sobre la misma. Esta etapa también implica tiempos excesivos cuando los recursos atraviesan una vía administrativa y una judicial, frente a lo cual la reforma unifica los medios de impugnación en una instancia única. El Ejecutivo garantiza 'tiempos determinados' y 'mecanismos estrictos para asegurar su cumplimiento', calculando una reducción de plazos de entre 57% y 68%, dependiendo la complejidad del instrumento.
Certeza jurídica
Entre los gremios empresariales ya están al tanto de los detalles del proyecto y si bien, en general, valoran estas herramientas que simplifican procesos, ven una debilidad estructural en el diseño de la iniciativa.
El director de Políticas Públicas de la CPC, Javier Irarrázaval, resume que el proyecto 'es de señales mixtas, pero la realidad es que la inversión se potencia si se reduce su costo monetario o de tramitación, o si se aumenta la certeza jurídica, lo que por ahora no estaría garantizado'. Destaca positivamente la vía única de reclamación, pero no ve avances en que 'el proyecto amplía la participación ciudadana, exige planes de seguimiento a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y un registro de consultores que concentrará la oferta de servicio de consultoría', entre otros elementos.
En Sofofa, el director de Políticas Públicas, Rodrigo Mujica, también destaca otros aspectos como plazos fatales reducidos o mejores plazos de evaluación mejores para procedimientos de urgencia. Sin embargo, afirma que, en su conjunto, la reforma no garantiza disminución de plazos y, por el contrario, 'hay modificaciones que directamente pueden generar un aumento en el tiempo de tramitación de las autorizaciones. Es el caso de la contabilización del plazo de prescripción en la demanda por daño ambiental o el establecer la participación ciudadana en las DIA'.
En la construcción y la minería tienen una opinión, pero también observan que la disminución del componente político en la reforma no cumple a cabalidad su objetivo. Juan Armando Vicuña, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, cree que esto no permite garantizar menores plazos: 'Las nuevas exigencias que se incorporan en el proyecto no van en la dirección de mejorar la certeza jurídica y los márgenes de discrecionalidad de los servicios que participan en la evaluación ambiental. En ese sentido, no creemos que deriven en una disminución real de los plazos'.
El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, añade que si bien valoran el esfuerzo del proyecto y están a disposición de mejoras, 'el SEIA no entrega certezas respecto de cuándo se debe ingresar o no a evaluación ambiental, ya sea por un proyecto nuevo o una modificación. Esta incertidumbre genera tardanzas innecesarias, desviación de recursos del SEA y, ahora, eventuales responsabilidades penales. Se requiere generar certezas en esta materia y el proyecto de ley del Ejecutivo no lo hace'.
Fuente: El Mercurio