Solo un par de líneas del largo discurso del Presidente, el sábado pasado, fueron dedicadas a las concesiones de infraestructura. El mandatario destacó la cifra de US$ 17.600 millones en licitaciones proyectadas a 2028. Asimismo, luego de un hiato de varios años, mencionó el reimpulso al proyecto de Puerto Exterior de San Antonio. También abordó el problema de la obtención de permisos, que fueron descritos en el mensaje como un obstáculo a la inversión, insistiendo en su apuesta por la ley de “permisología” como fórmula para remover esa compleja valla.
Es positivo que el Presidente apoye ahora tanto las concesiones de infraestructura como las concesiones portuarias que hacen viable la expansión de San Antonio. Hace solo dos años, el proyecto de Constitución impulsado por su gobierno acababa, en la práctica, con las concesiones, al debilitar la propiedad de los bienes incorporales, y en su conjunto contenía medidas para que cesara gran parte de la inversión privada.
Es también un cambio positivo que el Presidente finalmente acepte que hay un costo asociado a los permisos y pretenda reducirlo, así como la incertidumbre y la tardanza que generan. Con todo, no se debe olvidar que esos permisos y la forma que toman responden en muchos casos a leyes y prácticas —como la judicialización de las decisiones— que fueron en su momento entusiastamente impulsadas por su sector político.
En términos del costo para la sociedad, se ha llegado a extremos absurdos. Un ejemplo es el hospital de La Unión, detenido hace casi un año y medio porque se encontraron en las faenas restos arqueológicos. Y más recientemente, hace solo unas semanas, se ha ordenado la realización de una consulta indígena, la que en el mejor de los casos podría tardar varios meses. ¿Es justo que los lentos procedimientos del Consejo de Monumentos Nacionales estén significando, en los hechos, un año y medio de peor atención de salud para los habitantes de la zona? Retrasos incluso más largos han aquejado al Hospital del Salvador y otras obras concesionadas que generan beneficios para las mismas personas que supuestamente el Estado defiende.
Pero no solo es que se atrasen los proyectos, sino que la incertidumbre y los nuevos requerimientos que se van formulando elevan sustantivamente sus costos.
Es por ello que varios de los miles de millones de dólares en concesiones comprometidas por el Gobierno solo comenzarán a usarse en construcción efectiva de obras a mediados de la próxima administración. Del mismo modo, los 48.000 empleos asociados a concesiones solo serán empleos reales durante el gobierno siguiente. Por los años que restan del actual período presidencial y buena parte del que lo sucederá, los “beneficiados” serán más bien los consultores ambientales, arqueólogos, antropólogos, biólogos y otros profesionales que han encontrado un amplio campo de acción en el análisis —y a menudo la obstaculización— de proyectos o en la pertenencia a equipos que tratan de evitar que estos se retrasen.
En lo que se refiere a concesiones, por lo tanto, el discurso presidencial tiene aspectos positivos evidentes. El problema es que sus efectos serán lejanos en el tiempo, con el consiguiente costo directo e indirecto para los usuarios. La responsabilidad recae, de modo significativo, en medidas y acciones impulsadas en el pasado por quienes hoy integran el oficialismo.
Fuente: El Mercurio