Actualmente, en el Centro Motorizado de Vehículos Retirados de Circulación hay 26.975 unidades. De ellas, 15.414 son motocicletas, 11.424 vehículos livianos, 118 vehículos pesados de dos ejes y 19 camiones de más de dos ejes.
Miles de motocicletas y automóviles estacionados hasta donde alcanza la visión. Eso es lo que se aprecia en el Centro Motorizado de Vehículos Retirados de Circulación (CMVRC), ubicado en la comuna de Quilicura, al que mensualmente llegan unas 2.500 unidades retiradas de las calles, principalmente por Carabineros o los equipos de fiscalización del Ministerio de Transportes (MT). Se trata de un recinto de 26 hectáreas operado por la concesionaria Custodia Metropolitana, que actualmente alberga 26.975 vehículos de todo tipo, los que provienen de 20 de las 32 comunas que conforman la provincia de Santiago.
Según el ministro Juan Carlos Muñoz, en el catálogo se cuentan 15.414 motocicletas, 11.424 vehículos livianos, 118 vehículos pesados de dos ejes y 19 camiones de más de dos ejes, los que de no ser recuperados por sus propietarios, serán rematados. En cuanto a las infracciones más frecuentes para el retiro de las motocicletas, el jefe de cartera detalla que el 41,5 % es por conducir sin licencia, 24,2 % por hacerlo sin contar con permiso de circulación, 20,7 por manejar con el permiso vencido y un 13,6 % por otras causas. 'El 2023 nos enfocamos fuertemente en las motocicletas, debido a que había muchísimas circulando con conductores sin licencia, sin patente o con mecanismos para ocultar las placas, tasa de incumplimiento que gracias al Plan Calles Protegidas ha bajado de 40% a cerca de 20 %', asegura Muñoz.
Ante los buenos resultados, este año la atención se amplió a los vehículos livianos. En ellos, el 26,4% de los retiros se debe a permisos de circulación vencidos, 17,8 % a vehículos abandonados, 17,7 % a automóviles no inscritos en el Registro de Transporte de Pasajeros, 13,7 % a conductores sin licencia, 19,9 % a conductores sin permiso de circulación, 3,8 % a problemas con la placa patente y 7,9 % a otras causas. Por su parte, Jessica López, jefa del Ministerio de Obras Públicas (MOP), explica su rol en la estrategia de seguridad llevada adelante por el Estado. 'Nosotros ponemos la infraestructura y el servicio a través de la sociedad concesionaria, mientras el MT lidera las acciones de seguridad vial de nuestra ciudad, apoyados por el Ministerio de Interior y los municipios, que son los entes encargados de procesar todo lo que dice relación con infracciones de tránsito'. Además, la ministra destacó la 'eficiencia y seguridad' del sistema, que reemplazó a los viejos corrales municipales. 'Cuando los vehículos son retirados por alguna infracción, sus propietarios pueden estar seguros de que llegan a un lugar donde son apropiadamente cuidados y donde los pueden retirar en las mismas condiciones que los trajeron'.
Seguridad
Pese a los avances en seguridad, Maximiano Montenegro, gerente general de Custodia Metropolitana, revela que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema es que cerca de un 25 % de los vehículos que llegan nunca son retirados, lo que provoca una acumulación de unidades a costo de los contribuyentes. 'Nosotros no podemos hacer nada con ellos, ya que no nos pertenecen', asegura. Tras ello, aclara que antes de salir a remate son los alcaldes los que deben firmar los decretos, algo que, dependiendo del municipio, puede llevar años.
'Acá hay unidades que llevan diez años y pueden pasar unos cuantos años más', comenta. También cuenta que los plazos para rematar los vehículos los determina el juez de policía local, de acuerdo a la Ley de Tránsito. Eso, descontando que antes de retirar su vehículo cada dueño debe pagar la multa por la que fue retirado de circulación y solo una vez que cuenta con el oficio de la devolución emitido por el juzgado puede llevárselo a su casa'.
Además, cuenta que para asegurar el buen estado de las máquinas, el MOP les exige un seguro. 'Al ingresar, a cada vehículo se le hace un set de fotos más un video, lo que queda descrito en una minuta emitida por Carabineros o los fiscalizadores, por lo que la empresa puede pagar los daños o mandar a reparaciones antes de la entrega', dice. Finalmente, Montenegro explica por qué no hay un procedimiento para el reciclaje de los vehículos abandonados. 'Actualmente la ley no contempla ese factor, por lo que hemos solicitado a los ministros mejoras a la ley que nos permitan evitar el acopio innecesario de unidades y ayudar al cuidado del medioambiente, pero eso no depende de nosotros, sino de las autoridades respectivas'.
Fuente: Las Últimas Noticias