Aunque los expertos concuerdan en que se necesita la ley que resuelva el problema de fondo, como tomará tiempo, algunos no ven con malos ojos un "fast track" en proyectos clave.
Evaluar la posibilidad de incluir otros sectores clave en la eximición de la "permisología" plantean los expertos frente al anuncio del Gobierno de que ingresarán un proyecto de ley que permita agilizar la construcción de la nueva cárcel en Santiago, evitando que deba realizar los trámites habituales para concretar este tipo de infraestructura.
Para algunos este es un nuevo episodio que da cuenta del problema que enfrentan las inversiones en Chile debido a la gran cantidad de autorizaciones que deben recibir, lo cual ralentiza de manera significativa el tiempo que se demora un proyecto.
De acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) en mayo, en el país existen, actualmente, 439 trámites que "afectan los procesos de inversión, de los cuales se identifican 309 permisos sectoriales que podrían convertirse en una barrera".
Aunque los plazos varían dependiendo del trámite, los datos muestran que los que mayor tiempo toman, en promedio, son los que realiza la Dirección de Aguas (hasta 49 meses) y las concesiones marítimas de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas (34 meses).
En este escenario, a principios de año el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley para reducir la "permisología" con el que se estima que las autorizaciones sectoriales sean hasta un 30% más breves. Sin embargo, su debate legislativo tomará tiempo, por lo que, a raíz de lo que se propone con la cárcel, algunos especialistas han planteado la posibilidad de hacer un "fast track" con aquellos proyectos prioritarios.
"Efectivamente, la discusión sobre las dificultades para avanzar con el proyecto de recinto penitenciario es una oportunidad para revisar y discutir el problema de fondo que impide que muchos proyectos públicos y privados puedan tener un proceso de aprobación efectivo y en tiempos razonables", dice Pilar Giménez, directora del Centro de Estudios Territoriales de la Universidad de los Andes.
Francisca Toledo, investigadora de Libertad y Desarrollo, comenta que "si se logra diseñar una figura legislativa interesante por parte del Ejecutivo para agilizar lo de la cárcel, que me imagino será acotada, no debería descartarse su utilización en otros sectores".
Agrega que su importancia radica en que la ley marco que se está discutiendo, incluso si se aprueba en los próximos meses, sus resultados no se empezarían a ver antes de los dos años de que entre en vigencia.
Sectores prioritarios
¿Qué sectores se podrían incluir en dicha eximición? Para Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), "los proyectos de infraestructura pública debieran ser prioritarios. Son iniciativas de Estado, independientemente de quién las financia, que tienen por propósito hacerse cargo de demandas muy sentidas por la ciudadanía".
Así, propone incluir la planta desalinizadora de Coquimbo, los puertos de Valparaíso y San Antonio, los más de 20 hospitales en proceso de aprobación, las mejoras a la red de caminos concesionados, las líneas de alta tensión para permitir el flujo de energías limpias o las nuevas líneas de Metro.
Toledo, quien comparte la idea, dice que en caso de hacerse, lo más importante es la transparencia para "darle tranquilidad a la ciudadanía de que las excepciones que se hacen son razonables y no se prestan para mala utilización". Si se logra, a su juicio, los dos sectores más importantes donde debería aplicarse son en los puertos y los proyectos de transmisión eléctrica.
Mientras, Hernán de Solminihac, presidente del Colegio de Ingenieros y miembro del Comité Ejecutivo de Clapes UC, dice que “parece razonable avanzar en los permisos a proyectos específicos, pero para que exista un balance, creo que es mejor acelerar la tramitación para que se cumplan los estándares de la construcción. Saltarse todos los permisos puede ser complicado”.
En cambio, para Pilar Giménez, "no se trata de resolver a través de normas de excepción la situación de cierto tipo de proyectos", sino que "se requiere resolver el problema de fondo", para lo cual considera que se deben ajustar "diversos cuerpos legales que están mal formulados o son contradictorios entre ellos".
Fuente: El Mercurio