La "permisología" podría retrasar el cronograma del Ejecutivo para desarrollar este proyecto de US$ 350 millones, advierten congresistas y actores privados.
Urgencia o fast track solicitan parlamentarios y expertos en infraestructura para la construcción de la desaladora concesionada en la Región de Coquimbo, una de las zonas más afectadas por la sequía que se extiende por 15 años en el país.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prevé realizar el llamado a licitación de esta iniciativa de US$ 350 millones —presupuesto preliminar— durante el cuarto trimestre de este año, para luego recibir ofertas durante el tercer trimestre de 2025 y adjudicarla en los últimos tres meses de ese ejercicio. Así, la construcción partiría en 2026, mientras que el inicio de su puesta en servicio se proyecta recién para 2029, según el último cronograma publicado por la Dirección General de Concesiones (DGC).
Lo anterior, sin considerar judicializaciones o hallazgos arqueológicos, por lo que los plazos de esta obra que apunta al abastecimiento para consumo humano y 'otros fines' —dice el proyecto— enfrentan altos riesgos, advierten congresistas y expertos.
La iniciativa
La desaladora considera una capacidad de producción estimada de 1.200 litros por segundo e incluye obras del sistema de captación para la alimentación de la planta, emisario de descarga de salmuera, sistemas de prefiltración y trabajos para la conducción y bombeo a un estanque de distribución de agua potable de 8.000 m3. Este último estaría a unos 21 km de la planta.
La DGC señaló que el informe de evaluación social del proyecto se encuentra en análisis del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y espera un pronunciamiento —recomendación favorable— próximamente.
"La situación hídrica actual en la Región de Coquimbo, sin duda, es una materia compleja que ha movilizado al Estado de Chile en su conjunto, con una coordinación interministerial e intersectorial, además del sector privado (…), cuyo impacto principal será asegurar el abastecimiento para consumo humano y, de esta manera, liberar recursos superficiales de la cuenca del valle del Elqui para otras actividades productivas", añadió.
La licitación pública de la concesión de la desaladora tendrá como antecedentes referenciales los estudios desarrollados por la empresa sanitaria Aguas del Valle, que opera en la Región de Coquimbo. El MOP también analizó una iniciativa privada de desaladora impulsada por Ferrovial y la consultora CKC.
Andrés Nazer, gerente regional de Aguas del Valle, indicó que ya entregaron el expediente ambiental del proyecto al MOP. Señaló que la construcción de esta planta —que usará tecnología de osmosis inversa— generará más de 1.000 puestos de trabajo y beneficiará a 460.000 habitantes de la conurbación La Serena-Coquimbo.
Plazos y fast track
Consultada la DGC respecto de si la puesta en marcha del proyecto en 2029 podría implicar llegar tarde con una solución hídrica para la región, sostuvo que 'las etapas que se han considerado para la implementación de la planta desaladora responden a las necesidades proyectadas de requerimiento del recurso hídrico, bajo un escenario de escasez, y están en sintonía con el expediente medioambiental'.
Desde el Congreso piden que el plan avance con carácter de "urgente". El senador por la zona Sergio Gahona (UDI) afirmó que las acciones de este gobierno y de los anteriores "han sido insuficientes" para enfrentar la crisis hídrica de la Región de Coquimbo. Sobre la construcción de la desaladora, comentó que "los plazos que se han planteado están muy al límite, y cualquier obstáculo podría retrasar la obra y poner en serio riesgo el abastecimiento de agua potable de la conurbación Coquimbo-La Serena hacia finales de la presente década. La permisología ambiental y sectorial, que retrasa enormemente los grandes proyectos, efectivamente podría causar retrasos, por ello es necesario dar calificación de urgencia, medida contemplada en la legislación vigente".
El diputado por esa región Víctor Pino (Partido Demócratas), integrante de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, sostuvo que "no comprendo por qué aún no se le da carácter de suma urgencia al proyecto de desaladora. Es fundamental que la licitación y la adjudicación sean en los menores plazos posibles y no como hoy día lo está presentando el Ejecutivo. En la medida de lo posible, esta desaladora debería estar funcionando a más tardar en 2028". Añadió que 'seguimos teniendo solo titulares y proyectos que no avanzan; por lo tanto, lo que necesitamos hoy son obras concretas'.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, valoró que, tras un reciente cambio legal, el MOP pueda desarrollar infraestructura hídrica para consumo humano y no solo riego. Sobre la desaladora, señaló que, "con la urgencia que esto tiene, nos gustaría que se utilice el mecanismo que el ministro de Justicia, Luis Cordero, plantea para las cárceles, un fast track. Mientras antes sea, mejor".
A la vez, el presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), Carlos Foxley, coincidió en que un fast track o darle carácter de urgencia a la obra "puede ayudar con los permisos, y ojalá se haga, porque el riesgo es grande".
Foxley reconoció que el calendario de la licitación es "muy exigente", añadiendo que "estaremos muy ajustados en Coquimbo hasta fin de 2028 y comienzos de 2029. Esto, si no hay atrasos, como judicialización, hallazgos arqueológicos o problemas en la cadena de suministros".
Fuente: El Mercurio