Señor Director:
En carta publicada por su medio, el diputado Jaime Mulet justifica un proyecto de ley de su autoría, que busca eliminar las sanciones y multas por el no pago de peajes en carreteras y autopistas, sosteniendo que la medida protegería a usuarios que compran un servicio monopólico a una empresa.
El legislador omite o desconoce que las carreteras y autopistas, sean o no administradas bajo régimen de concesión, no son bienes privados transados en el mercado, sino bienes nacionales de uso público y que el que un privado —contratado por el Estado para tal efecto— medie en el cobro de tarifas por su uso, no cambia tal condición.
Así las cosas, la conducta que se sanciona con multas y otras prohibiciones legales no es la de pago de un precio en una relación entre privados, sino la de evasión o no pago de un tributo creado por la ley para asegurar el financiamiento de obras públicas camineras. Siguiendo la lógica del diputado, deberían también derogarse las multas e infracciones de tránsito por circular sin seguro obligatorio o revisión técnica, toda vez que, en dichos procesos, también intermedian privados, tales como compañías de seguros o plantas de revisión técnica.
Como se sigue de lo expuesto, sumado a los perjuicios fiscales que ya se han advertido en otras publicaciones, la eventual concreción del citado proyecto de ley irrogará más perjuicios que beneficios para las personas y el país.
Y, por último, si se trata de no cargar la mano a los usuarios de los caminos concesionados, no se debe olvidar que con base en la Ley 21.547, que establece la creación del sitio electrónico unificado de tarifas, que entrará en operación durante el año 2025, los automovilistas que cumplan con las obligaciones establecidas podrán extinguir sus multas pagando el 20% del importe total asociado a la respectiva patente del vehículo.
Francisco Soto Retamal
Gerente general COPSA A.G.
Fuente: El Mercurio