Nuestro gremio estuvo presente en el encuentro organizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura, donde se proyectó el 2026 como "un año clave" para destrabar proyectos emblemáticos (puentes, teleféricos, dobles vías, trenes y plantas desaladoras), en un contexto de cambio de gobierno y estrechez fiscal. Representantes de los gremios de infraestructura y autoridades presentes, coincidieron en avanzar hacia una política de infraestructura como “política de Estado”, con estabilidad regulatoria, agilización de permisos y mecanismos de financiamiento mixtos, para sostener inversión y responder a demandas ciudadanas.
En la instancia, hicieron también un balance de sus gestiones los ministros de Obras Públicas, Jessica Lopez; y de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Munoz. En la jornada también participaron el director ejecutivo del CPI, Carlos Cruz Lorenzen; la presidenta de COPSA, Gloria Hutt Hesse; el presidente de la CChC, Alfredo Echavarría; el gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude ; el rector de INACAP, Lucas Palacios, además de los consejeros del CPI.
Carlos Cruz, anfitrión de la instancia y Director Ejecutivo del CPI, señaló que “el Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025 – 2055 (PNIP) es un tremendo instrumento, que no solo establece proyectos, sino metas que alcanzar. Nos gustaría mucho que fuese un instrumento efectivo de gestión, por su mirada a largo plazo. Vamos a ver de qué manera ayudamos para que esto pueda ser asumido por la próxima administración”.
En la oportunidad, los ministros presentes destacaron el rol de las concesiones y la inversión público‑privada para enfrentar las brechas de conectividad, logística y obras urbanas a lo largo del país.
Durante la sesión, la ministra de Obras Públicas presentó la situación de la cartera de inversiones, subrayando que el ministerio cierra el periodo con una cartera regional que supera el billón de pesos y recursos superiores a 265 mil millones para 2026, con foco en proyectos hídricos, viales y urbanos. La secretaria de Estado recalcó que, ante las restricciones fiscales, la asociación público‑privada seguirá siendo clave para ejecutar planes regionales de infraestructura y responder a las demandas ciudadanas en conectividad, agua potable y espacios públicos.
Por su parte, el ministro de Transportes enfatizó que la logística debe consolidarse como una política de Estado, vinculando el desempeño portuario, ferroviario y carretero con la competitividad exportadora del país. En este contexto, abordó el proceso de relicitación de concesiones portuarias que vencen hacia 2030, como San Antonio, San Vicente, Iquique y Valparaíso, adelantando que se trabaja en nuevas bases con mayores exigencias operacionales y énfasis en la competencia intra e interportuaria.
Las autoridades también se refirieron a la situación de las concesiones viales, en un escenario marcado por el reajuste de 3,4% aplicado desde el 1 de enero de 2026 a las tarifas de TAG y peajes, el más bajo de los últimos cinco años, vinculado a la variación del IPC. En la discusión se recordó que la infraestructura concesionada es propiedad del Estado y se planteó la necesidad de fortalecer la valoración social del sistema, asegurar certeza regulatoria y mejorar la gestión de la morosidad del TAG para no encarecer los futuros contratos.
En la sesión participaron, los representantes del mundo gremial y académico, coincidieron en la importancia de avanzar hacia una política de infraestructura concebida como una verdadera política de Estado, con estabilidad normativa, agilización de permisos y mecanismos de financiamiento mixtos que permitan sostener la inversión y dar respuesta a las necesidades de transporte e infraestructura de la ciudadanía.