Hoy, Chile enfrenta una creciente demanda de infraestructura estratégica para responder a desafíos tan urgentes como la seguridad pública, la atención de salud, la crisis hídrica y la conectividad. En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué obras deberían priorizarse?
Gloria Hutt, presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), entrega una respuesta clara: el país debe concentrar sus esfuerzos en acelerar la ejecución de proyectos ya adjudicados, entre ellos hospitales, recintos penitenciarios, embalses y plantas desaladoras, para dar respuesta a las necesidades más urgentes.
En esta entrevista con VC Magazine, la exministra de Transportes y Telecomunicaciones (2018-2022) destaca el aporte que puede realizar el modelo de concesiones para materializar estas inversiones e impulsar el crecimiento económico. Asimismo, analiza las trabas que han dificultado el avance de los proyectos y plantea la necesidad de fortalecer la coordinación entre el Estado y los inversionistas privados, agilizar la tramitación de autorizaciones y consolidar reglas claras que otorguen certeza a las inversiones de largo plazo.
Hutt también hace un llamado a reforzar la confianza en la alianza público-privada, entendiéndola como una herramienta que contribuye no solo a cerrar brechas de infraestructura, sino también a generar empleo, dinamizar la economía y mejorar la calidad de vida de las personas.
— Diversos estudios y autoridades han planteado que Chile necesita avanzar en infraestructura hídrica, de salud y carcelaria, entre otros sectores. Desde la perspectiva de COPSA, ¿en qué áreas consideran que es más urgente implementar infraestructura pública para el desarrollo sostenible del país?
— Las necesidades son múltiples, por lo que debemos avanzar hacia la infraestructura que permita resolver los problemas más urgentes. Por ejemplo, embalses y plantas desaladoras para enfrentar la crisis hídrica, asegurando tanto el consumo humano como el desarrollo productivo, o infraestructura de seguridad, como las cárceles, para responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Con igual urgencia, debemos poner en marcha 15 de los 19 hospitales ya adjudicados y fortalecer nuestra red logística y de conectividad aérea y terrestre. La asociación público-privada, regulada mediante el modelo de concesiones, ha demostrado ser una herramienta eficaz para construir infraestructura con altos estándares.
— En ese contexto, ¿qué obras en particular se deberían priorizar?
— Más que priorizar una obra específica, debemos partir por ejecutar la cartera de proyectos que ya está adjudicada y que presenta escasos avances por diversas razones, muchas de ellas vinculadas a problemas de gestión. En cuanto a necesidades inmediatas, dada la urgencia de fortalecer la seguridad pública en Chile, es indispensable avanzar en la construcción de recintos penitenciarios. Lo mismo ocurre con los hospitales ya adjudicados. Son proyectos que no pueden seguir esperando.
— ¿Cuáles son las principales dificultades o desafíos que advierte para el avance de estos proyectos y cómo se podrían abordar?
— Existen diversos ámbitos que requieren acciones concretas. Por una parte, es necesario revisar los contratos para agilizar la formalización de cambios en los diseños. Paralelamente, se debe resolver una cadena de permisos que no siempre está bien coordinada entre los servicios y que termina dificultando el avance de las obras. Esto exige una gestión integrada de los proyectos. Asimismo, es recomendable revisar los alcances de las responsabilidades y distribución de los riesgos entre el Estado y los inversionistas privados, que con el tiempo se ha ido desbalanceando. Un objetivo es la ejecución de las obras y otro, igualmente importante, es dinamizar las inversiones haciendo más competitivos los procesos de licitación.
— Existen cerca de US$10.000 millones en proyectos adjudicados de infraestructura concesionada que aún no se ejecutan. ¿Qué se requiere para destrabar esas inversiones?
— Sin duda, se requiere liderazgo firme para asegurar el cumplimiento de los objetivos y un profundo sentido de urgencia, tanto por la necesidad de contar con esta infraestructura como por la importancia de reactivar la economía. Necesitamos acuerdos que favorezcan una relación dinámica entre las autoridades y las concesionarias, resolver rediseños de ingeniería y destrabar permisos estancados. La industria cuenta hoy con capacidad operativa, empresas especializadas y financiamiento estructurado para iniciar estas obras y generar empleos en un corto plazo. Por eso es fundamental despejar cuanto antes el camino administrativo.
— COPSA elaboró cinco propuestas para responder a los desafíos de crecimiento económico y bienestar social de Chile en el período 2026-2030. ¿Qué coincidencias han encontrado en estos planteamientos con el actual Gobierno?
— Hemos comprobado una amplia coincidencia tanto en la valoración de la asociación público-privada para el desarrollo de infraestructura como en la necesidad de poner en marcha los proyectos adjudicados, diversificar los ámbitos de inversión y asegurar condiciones para inversiones de largo plazo, resguardando la competencia y los altos estándares técnicos. El actual Gobierno ha definido como una de sus prioridades la recuperación del crecimiento económico, y nuestras propuestas apuntan precisamente en esa dirección: poner a disposición el modelo de concesiones como una vía eficiente para movilizar capital, dotar al país de infraestructura crítica y mejorar la vida de la ciudadanía. A veces se pierde de vista que estas obras se realizan porque su rentabilidad social las sustenta. En consecuencia, ejecutarlas mejora las condiciones de las personas, y su demora, las perjudica.
— ¿Qué expectativas tiene sobre la incidencia de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales en el desarrollo de la infraestructura pública concesionada? ¿Qué aspectos en esta materia se debieran seguir profundizando?
— Creemos que es una medida que avanza en la dirección correcta y tenemos la expectativa de que contribuirá a disminuir la incertidumbre. Sin embargo, no cubre todos los ámbitos, especialmente aquellos relacionados con los permisos ambientales y patrimoniales que, siendo muy necesarios, suelen presentar baja velocidad de tramitación, afectando los plazos de ejecución de los proyectos. Además, en un sistema complejo como es el de concesiones de obras públicas, una ley no cambia las cosas por sí sola. También es necesario impulsar cambios operativos al interior de los servicios públicos para que el Estado actúe como un facilitador del desarrollo y no como un freno, integrando además plataformas tecnológicas que permitan una trazabilidad completa de los proyectos.
— ¿Qué aspectos de política pública y del rol privado en materia de concesiones cree necesario reforzar para impulsar la infraestructura que requiere el país?
— Debemos seguir reforzando la confianza en la alianza público-privada como una política de Estado de largo plazo que merece ser resguardada. Desde el sector público, urge consolidar reglas claras y estables, junto con un Estado moderno capaz de actuar con agilidad y flexibilidad frente a grandes inversiones. Desde el sector privado, el compromiso es innovar, ampliar los ámbitos de inversión, elevar los estándares de calidad y fortalecer una relación cercana y empática con las comunidades. La infraestructura no es solo cemento y fierro: es una herramienta clave para igualar oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas.
Fuente: VC Magazine