El gremio destacó el aporte que durante más de tres décadas ha realizado el modelo de concesiones al desarrollo de infraestructura pública y entregó antecedentes para contribuir a una discusión informada sobre su funcionamiento.
La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, expuso ante la Comisión Especial Investigadora sobre la concesión de autopistas y la determinación de tarifas de peaje y TAG de la Cámara de Diputados, oportunidad en la que relevó el aporte de la asociación público-privada al desarrollo del país y planteó la necesidad de continuar fortaleciendo y perfeccionando un modelo que Chile ha construido durante más de tres décadas.
Durante la presentación, la presidenta de COPSA, Gloria Hutt, destacó que uno de los principales atributos del sistema es la distribución de responsabilidades y riesgos entre el Estado y los privados. Mientras el Estado define las condiciones, estándares y marco contractual de cada proyecto, el privado aporta capital y financiamiento, construye, mantiene y opera la infraestructura, asumiendo los riesgos asociados a esas etapas.
Gloria Hutt destacó que este modelo ha permitido adelantar inversiones y desarrollar infraestructura pública de alto estándar en áreas como carreteras, aeropuertos, hospitales y centros penitenciarios, entre otras. Asimismo, relevó que la continuidad del sistema durante distintos gobiernos ha descansado en la estabilidad institucional y en reglas conocidas para el desarrollo de inversiones de largo plazo.
En ese contexto, la presidenta de COPSA planteó que existe espacio para avanzar hacia una nueva generación de concesiones y continuar perfeccionando el sistema, resguardando, al mismo tiempo, la certeza jurídica y las condiciones necesarias para movilizar inversión privada hacia nuevas necesidades de infraestructura pública.
La líder del gremio también abordó algunos de los planteamientos que se han instalado en la discusión sobre las autopistas. Entre ellos, precisó que es el Estado el que define las reglas bajo las cuales opera cada concesión, incluyendo las condiciones de licitación, las inversiones exigidas, los estándares de servicio, la duración de los contratos y los mecanismos mediante los cuales se determinan las tarifas. Las empresas deciden si participan y, cuando lo hacen, se obligan a cumplir esas condiciones.
Asimismo, frente a la afirmación de que existen autopistas que ya estarían “pagadas”, Gloria Hutt explicó que cada concesión tiene una realidad distinta y debe analizarse considerando cuánto se invirtió, cómo se financió, cuáles han sido sus costos e ingresos y las obligaciones que debe cumplir durante toda la vigencia del contrato. Además, detalló que la mayoría de las concesiones aún se encuentra dentro del período contractual sobre el cual se estructuró su financiamiento, por lo que su rentabilidad no puede determinarse comparando simplemente utilidades acumuladas con el capital inicial.
Respecto de las relicitaciones, el gremio recordó que las autopistas son infraestructura pública y siempre pertenecen al Estado. Cuando termina una concesión, es el Estado el que determina qué hacer con ella. Si decide volver a licitarla, los nuevos procesos han incorporado nuevas obras e inversiones para aumentar capacidad, desarrollar ampliaciones y enlaces, mejorar la seguridad y elevar los estándares de servicio, y no simplemente extender la concesión anterior.
“Nuestro interés es contribuir con antecedentes que permitan que el debate sea bien informado y que podamos preservar y fortalecer una asociación público-privada que ha permitido desarrollar infraestructura fundamental para el país durante más de 30 años”, señaló Gloria Hutt, presidenta de COPSA.