Columna de Leonardo Daneri – Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública AG (Copsa)
Esta semana, y ante la necesidad de contar con más y mejores instalaciones hospitalarias en el país, se anunció la entrada en operación de la obra pública fiscal concesionada “Hospital Félix Bulnes”, ubicado en la comuna de Cerro Navia, correspondiente a un establecimiento de salud de alta complejidad, que entregará atención hospitalaria y ambulatoria a los habitantes de la zona poniente de la Región Metropolitana y reemplaza al antiguo Hospital Félix Bulnes, que quedó gravemente dañado por el terremoto del 27 de febrero de 2010. La nueva instalación cuenta con más de 520 camas e instalaciones clínicas del más alto estándar internacional, que permitirá apoyar la atención de más de un millón de personas provenientes de las comunas de Pudahuel, Cerro Navia, Renca, Quinta Normal y Lo Prado. Sin duda alguna, una muy buena noticia en momentos en que el Covid-19 nos tiene en máxima alerta sanitaria.
A la apertura y puesta en servicio de esta obra pública se suma el hecho de que, al tratarse de un hospital construido bajo el modelo de asociación público-privada, el Estado incurrió en una serie de eficiencias económicas y garantías que de otra forma no las hubiera podido generar.
En primer lugar, y tal como diera cuenta hace unos meses atrás la División de Inversiones del Ministerio de Salud, el costo de erigir estos establecimientos vía concesión ha sido de hasta un 30% menor que los financiados directamente por el Estado.
Por el otro lado, resulta interesante destacar que el nuevo Hospital Félix Bulnes, cuyo presupuesto oficial es de UF 5.300.000 (US$ 250 millones) ha sido financiado mediante la inversión de fondos privados, liberando recursos estatales para ser redestinados en otras áreas. Así, la construcción mantención, operación, provisión de mobiliario clínico y no clínico, equipamientos médicos y otros de carácter industrial son de responsabilidad del concesionario, quien velará por el resguardo y renovación periódica de todo lo que sea necesario para una óptima operación. Lo anterior permite que el servicio de salud respectivo se dedique íntegramente a lo que sabe hacer (servicios clínicos) y no pierda su valioso tiempo en la administración y gestión de un edificio.
Un último elemento a destacar es que esta concesión contempla un plazo de 30 semestres, lo que significa que una vez completado dicho período podrá pasar al Estado en iguales o mejores condiciones que las obtenidas al momento de su inauguración.
Sin duda que esta nueva obra pública fiscal es un aporte más para avanzar hacia el objetivo de contar con un modelo de concesiones más robusto y amplio, constituyendo especialmente una muy buena noticia a la que el país debe comenzar a tomarle el pulso en estos tiempos de catástrofe sanitaria provocada por el Covid-19. De hecho, y parafraseando al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, la asociación público privada es el arma más poderosa que tiene el Estado para impulsar la economía una vez que pase este período. La experiencia está a la vista y los actores estamos disponibles para lograrlo. Vamos por más.
Fuente: La Tercera