Tras la intención de los accionistas del terminal de ir al Ciadi, el ministro Alfredo Moreno afirmó que el objetivo de la cartera es defender el interés del Estado. El subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, también intervino.
Fuego cruzado intenso entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la concesionaria del aeropuerto de Santiago, Nuevo Pudahuel, se produjo ayer tras conocerse la intención de los accionistas de esa empresa —Aéroports de Paris (45%), la firma francesa Vinci Aiports (40%) y Astaldi (15%)— de iniciar un proceso para acudir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Ahí la compañía abordaría una diferencia que mantiene con la cartera, relacionada con la solicitud de extensión de su contrato para mitigar los efectos financieros por la drástica caída en el tráfico aéreo producto de la pandemia.
Pero antes del reclamo arbitral debería partir un período de seis meses de negociaciones amistosas entre el Estado y los socios franceses del terminal, que están apelando a convenios entre Chile y Francia relacionados a la protección y promoción de inversiones. Esto lo notificaron al MOP a través de una carta en la que —según quienes la conocen— pretenden atribuir al Estado una responsabilidad por las medidas de restricción sanitarias por el covid-19 y sus efectos en Nuevo Pudahuel, que en 2020 perdió US$ 37 millones. A la vez solicitan el reequilibrio económico del contrato de la concesión. Ayer a mediodía, el ministro de OO.PP., Alfredo Moreno, en una actividad con la alcaldesa de Providencia, señaló que las medidas de restricción de desplazamiento que se han adoptado son para proteger la salud de las personas y no para perjudicar a alguien. Recordó que muchas personas han sufrido por la pandemia, por la pérdida del empleo y de seres queridos. En esa línea, respecto del aeropuerto, comentó que 'lamento que hayan tenido meses duros, también lo han sido para el Estado de Chile, pero antes de eso tuvieron años muy positivos y me alegro.
Ya veremos cómo serán los 15 años que les quedan'. Nuevo Pudahuel partió su concesión en 2015 por un plazo de 20 años y el contrato considera obras por cerca de US$ 1.000 millones. Moreno añadió que 'no hay obligación alguna de que los chilenos tengamos que pagar por las pérdidas de la empresa en estos meses, como tampoco recibimos los beneficios cuando les ha ido bien o vaya bien en el futuro'. Sostuvo que el país respeta los contratos y recalcó que el MOP tiene como objetivo 'defender el interés de los chilenos y del Estado de Chile, y no nos van a mover de esa posición'. Ayer igualmente, la comisión de Transportes del Senado, en una sesión a la que fueron invitados parlamentarios de la comisión de Obras Públicas, recibió al presidente de Operaciones Internacionales del Grupo Aeropuertos de París (ADP), Fernando Echegaray, y al gerente general de Nuevo Pudahuel, Xavier Lortat-Jacob. Este último si bien señaló que terminarán las obras de construcción del terminal, las que serían inauguradas en agosto o septiembre, advirtió que podrían dejar de realizar inversiones si no hay acuerdo con el MOP. 'El contrato no contempla ninguna inversión adicional para la modernización del aeropuerto ni para tomar en cuenta el desafío que viene: el medio ambiente.
Eso lo hacemos en todos los aeropuertos; en Salvador de Bahía, Brasil, invertimos en planta de reciclaje, para cumplir con la reducción de la huella de carbono. En Lyon, Francia, estamos invirtiendo para modernizar el aeropuerto e implementar reconocimiento facial. Eso no lo contempla el contrato; si no hay una solución por arriba de todo eso, obviamente nosotros no vamos a seguir invirtiendo en ese aeropuerto y se quedará como está', comentó el gerente. Añadió que 'hay beneficios para tratar de seguir el camino en conjunto, pero eso pasa obviamente fortaleciendo el contrato entre nosotros. Ese es un escenario win-win, el otro es un escenario loss-loss, en el cual nosotros vamos a dejar morir esta concesión. Pero creo que estamos en un momento clave aquí en la relación entre nosotros'. En medio de esta discusión, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, Rodrigo Yáñez, manifestó que 'si la disputa llega a ser de carácter internacional, defenderemos nuestro innegable compromiso con el Estado de Derecho y el pleno respeto de nuestras obligaciones internacionales, tal como fue recientemente reconocido por el Tribunal del caso Alsacia'.
"El caso es parecido a lo de las Torres Gemelas. El Presidente Lagos ordenó a Hacienda buscar una salida de cero costo fiscal, pero que permitiera alterar la inmutabilidad de los contratos'. (Carlos Plass Ex gerente general de SCL)
"Hay beneficios para tratar de seguir el camino en conjunto, pero eso pasa obviamente fortaleciendo el contrato entre nosotros. Ese es un escenario win-win, el otro es un escenario loss-loss, en el cual nosotros vamos a dejar morir esta concesión'. (Xavier Lortat-Jacob Gerente general de Nuevo Pudahuel)
"La acción de la concesionaria confirma lo que planteamos nosotros como Copsa, que las situaciones excepcionales requieren de medidas excepcionales'. (Leonardo Daneri Presidente de Copsa)
"Llevar esto al Ciadi no tiene perspectiva de éxito, lo entiendo más bien como una amenaza o generar lobby a través de la prensa y temor por lo que puede representar ir al Ciadi'. (Eduardo Bitran Exministro de OO.PP.)
"Ir al Ciadi es un mecanismo que no ayuda. Cuando uno va al Ciadi, cuando se presentan los papeles de divorcio, ya no hay vuelta atrás, se genera un mal clima'. (Juan Pablo Letelier Senador)
"Su pretensión no es distinta de la que ha efectuado el concesionario. Ni el contrato o el derecho chileno ni tampoco el derecho internacional, justifican una pretensión de esa naturaleza'. (Andrés Jana Abogado y asesor externo del MOP)
Expertos debaten sobre el conflicto y dan propuestas
Que los dueños del aeropuerto no tienen un caso firme para ir al Ciadi. Que debían tomar una acción excepcional para un problema extraordinario derivado de la pandemia. Y hasta una propuesta similar a la crisis aérea posatentado a las Torres Gemelas. En ese ámbito de opiniones se mueven los expertos consultados por 'El Mercurio' sobre la disputa MOP-Nuevo Pudahuel. El académico y director de Espacio Público, Eduardo Engel, sostiene que 'está claro que no hay un caso válido para ir al Ciadi.
El gobierno de Chile ha cumplido con el contrato y si llegara al Ciadi, vamos a tener lo que acaba de pasar con Alsacia, donde no solo ganará el Estado, sino que además las costas irán por cuenta del privado'. El exministro de Obras Públicas Eduardo Bitran coincide, junto con señalar que 'Nuevo Pudahuel no tiene un caso para llevar a Chile al Ciadi. Si hay alguna solicitud, una demanda específica que quiera hacer de cambio de contrato, eso es de común acuerdo o se recurre a la comisión arbitral, pasando por el comité de expertos. Eso establece la ley y los contratos. Chile ha respetado el marco legal'.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri, afirma que 'nuestro sistema de solución de controversias funciona bien para situaciones normales, pero este caso actual escapa al sistema de solución de controversias'. De todos modos, asegura que esta pugna no es buena 'para el sistema ni los usuarios'. Carlos Plass, ex gerente general de SCL Terminal Aéreo Santiago —anterior concesionario del aeropuerto— plantea que 'el Estado debería negociar algo'. Estima que este caso tiene componentes similares a lo que ocurrió en el mercado tras los atentados a las Torres Gemelas. Recuerda que en ese tiempo 'el Presidente Lagos ordenó al ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, buscar una salida de cero costo fiscal, pero que permitiera alterar la inmutabilidad de los contratos'. Eso en medio de una industria de concesiones que partía y estaba endeudada. Indica que esa decisión terminó en un mecanismo de distribución de ingresos que usaron las concesionarias aeroportuarias y viales.
Las razones de los dueños del terminal para ir al Ciadi
Elina Mereminskaya, miembro del consejo directivo del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) Santiago y abogada socia de Wagemann Abogados & Ingenieros, analiza las posibles razones de los accionistas de Nuevo Pudahuel para acudir al Ciadi. 'Aparentemente, la concesionaria quiere internacionalizar la disputa, no discutir en el marco de la Ley de Concesiones, sino a través del derecho internacional que garantiza el acuerdo de protección y promoción de inversiones.
Los términos son distintos ahí, se puede hablar de conceptos de trato justo y equitativo, pasamos a conceptos más abiertos', explica. Añade que 'la discusión es distinta acá en Chile, se enmarca en la ley chilena, las medidas legislativas'. El abogado y asesor externo del MOP Andrés Jana señala que 'a través de su notificación de disputa, los accionistas de la concesionaria pretenden atribuir al Estado de Chile una infracción del tratado de protección de inversiones, por no haber otorgado beneficios económicos a la concesionaria en compensación por los ingresos que han dejado de percibir por los efectos del covid-19. A pesar de que están intentando fundar un reclamo bajo el tratado y el derecho internacional, su pretensión no es distinta de la que ha efectuado el concesionario. Ni el contrato o el derecho chileno ni tampoco el derecho internacional justifican una pretensión de esa naturaleza'. Mereminskaya estima que un arbitraje en el Ciadi podría durar más de tres años y se sumarían dos más si se pide anulación del laudo.
Nuevo Pudahuel afirma ante senadores que también acudirá al Panel Técnico
Xavier Lortat-Jacob, gerente general de Nuevo Pudahuel, precisó ayer en la comisión de Transportes del Senado que el proceso para acudir al Ciadi fue iniciado por los accionistas de la concesionaria y no esta última operadora propiamente tal. 'Confiamos en las instituciones chilenas. Vamos a entregar nuestro caso al Panel Técnico de Concesiones para tener su recomendación', sostuvo Lortat-Jacob.
La senadora Ximena Órdenes recordó a la concesionaria que 'hay un contrato. No se estipula en la ley que las discusiones sean por la prensa o directamente, sino que se debe acudir a instancias como los paneles. Acudir al marco normativo'. El senador y presidente de la Comisión de Transportes, Juan Pablo Letelier, sostuvo que 'ir al Ciadi rigidiza y es un mecanismo que no ayuda, porque con eso se tiene que nos vayamos a la letra del contrato'.
Asimismo, añadió que 'cuando uno va al Ciadi, cuando presenta los papeles de divorcio, ya no hay vuelta atrás, se genera un mal clima'. Otro de los temas que se abordó ayer desde el MOP fue lo que ocurriría si la concesión entra en insolvencia. Al respecto, el ministro Alfredo Moreno indicó que el contrato de concesión continuaría en manos de los acreedores y la operación sigue a cargo de otro administrador y gerente. 'Los acreedores resolverán si van a vender la concesión u otro camino', señaló. Según la compañía aeroportuaria, los bancos han asumido una deuda de US$ 500 millones y estarían pendientes de lo que ocurre en esta divergencia entre el MOP y Nuevo Pudahuel.
Fuente: El Mercurio