Desde la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) consideramos muy grave que la Convención Constituyente haya dado luz verde a la tramitación de una iniciativa popular de norma impulsada por el grupo de presión conocido como “No+TAG”. En su texto, los activistas sugieren prohibir al Estado la subrogación de la construcción y operación de vías y autopistas a privados e impedir también que éstas estén afectas a cualquier tipo de cobro o peaje.
Creemos que son graves los efectos económicos, sociales y ambientales que importaría una medida de esta naturaleza, que trae aparejados, entre otros, incentivos al desplazamiento automotriz; sobrecarga de las vías existentes (ya estrechas para la realidad nacional) y un injusto subsidio a los sectores más acomodados, en detrimento de la población más necesitada y a la capital en desmedro de las regiones.
Con la aprobación de esta iniciativa, son mayores las obligaciones y limitaciones que se le imponen al Estado, las que tienen un costo, siendo los más inmediatos, el valor de construir de forma directa el plan de infraestructura vigente (alrededor de US$ 23.300 millones) y el costo de indemnizar los contratos vigentes para cumplir con el mandato constitucional (+/- US$ 27.600 millones).
Estos costos, deberán ser abordados por el fisco sin cobrar peaje, al mismo tiempo que deberá invertir, anualmente, cerca de US$ 1.000 millones en mantención (un gasto que hoy es de cargo del operador) y que dejará de percibir los cerca de US$ 600 millones que los concesionarios reintegran a las arcas fiscales cada año. Así las cosas, los convencionales harían bien en consultar al ministro de Hacienda si dicha cartera cuenta con recursos para financiar la norma a la que han dado curso, si estos números están contenidos en alguna partida presupuestaria de la exigente agenda social del actual gobierno y si esos más de US$ 50 mil millones están proyectados en la futura reforma tributaria con la que pretende financiarla.
En suma, se trata de una iniciativa socialmente regresiva, gravosa para el medioambiente y tremendamente onerosa para las arcas fiscales. Nuestro llamado a los Convencionales es a sopesar estos efectos y a que, si no quieren cotejarlos con el sector privado, al menos lo hagan con el Gobierno y las carteras que deberán administrar las consecuencias estas decisiones.