El Gobierno promulgó el 1 de abril la ley que crea el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones de Tránsito (CATI) como una nueva unidad en la Subsecretaría de Transportes. Esta administrará un sistema de cámaras de funcionamiento permanente para la detección de infracciones a los límites de velocidad, respeto de luces rojas y uso indebido de las vías exclusivas.
El programa del Presidente Boric incluyó la aprobación de la ley CATI —presentada originalmente al Congreso en 2013— como una prioridad dentro de la política de Visión Cero, una estrategia internacional orientada a la disminución de las víctimas por accidentes de tráfico y desarrollo de una movilidad segura y sustentable.El objetivo del plan del Gobierno es reducir en 50% las muertes y lesiones graves en zonas urbanas al año 2030. De acuerdo con la experiencia comparada, la existencia de cámaras permite bajar los accidentes hasta en 40%.
La autoridad y los expertos han subrayado las diferencias del CATI con los fotorradares que algunos municipios tuvieron hasta algunos años, los que no solo fueron utilizados para sancionar el exceso de velocidad, sino también como herramienta de financiamiento. La ley CATI determina que el 15% de lo percibido por multas se destinará al Fondo Común Municipal; el 85% restante irá al fisco. Además, los puntos de instalación de cámaras serán de dominio público y su distribución debiera responder a una metodología objetiva en función de los sitios más expuestos. El Ministerio de Transportes ha señalado que el CATI también liberará personal policial y contribuirá a modernizar el Estado: las infracciones se notificarán por vía electrónica en un lapso de 15 días.
En el curso de la tramitación del mensaje se planteó que entre 30% y 40% de las muertes en siniestros viales se relacionan con velocidad excesiva, que es la primera causa de decesos; en 2022 se registraron más de 1.700 fallecidos en accidentes de tránsito. Si bien se trata de un ejercicio especulativo o proyectivo, se estima que en régimen la ley CATI podría salvar unas 600 vidas cada año. A partir de la publicación en el Diario Oficial, el ministerio deberá dictar los respectivos reglamentos en un plazo de seis meses; la ley comenzará a regir transcurridos 90 días desde la publicación del último de estos textos. El entonces subsecretario de Transportes, Cristóbal Pineda, afirmó en enero que la implementación de la ley podría demorar entre dos y tres años.
Tanto el Ministerio de Transportes como Carabineros y la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset) han insistido en que la ley CATI es fundamentalmente un instrumento formativo y disuasivo, y que no tiene un propósito económico ni punitivo. En este contexto se ha destacado el desafío que implica para el Ejecutivo la elaboración de la reglamentación dentro del período que fija la legislación y luego poner en marcha la tecnología de control.
El programa de gobierno contempla avanzar en una ley y una política de movilidad que incorpora gestionar la velocidad, establecer la licencia de conducir digital, articular distintos tipos de transporte, descentralizar las decisiones administrativas y de planificación, y constituir la Agencia Nacional de Seguridad Vial; en este sentido, hacer prontamente operativa la ley CATI constituye el desafío inmediato; se trata de una legislación que contó con una amplia y transversal mayoría parlamentaria. La salida este fin de semana de más de 400 mil vehículos desde Santiago es una muestra más de la expansión del parque automotor y la importancia de mejorar la regulación. Debido a múltiples razones, la convivencia vial y el comportamiento de los conductores y peatones han empeorado; esta realidad demanda apurar la fiscalización y la prevención.
Fuente: La Segunda