Fue en septiembre de 2022 cuando el Gobierno anunció un ambicioso plan de concesiones para el período 2022-2026. Por un valor de US$ 13.258 millones, contemplaba carreteras, aeropuertos, tranvías, cárceles e incluso el proyecto de un tren de Santiago a Valparaíso. En abril de este año, fue actualizado como plan 2023-2027, con 46 procesos de licitación, por un valor de más de US$ 15 mil millones. Luego de casi un año desde el plan original, corresponde examinar el estado de avance de los proyectos.
La última concesión importante adjudicada fue la segunda concesión del tramo Chillán-Collipulli de la Ruta 5, en diciembre de 2022, correspondiente a un llamado a licitación del gobierno anterior. A su vez, el llamado a licitación de la Ruta 68, Santiago-Valparaíso, tuvo lugar a fines de 2021 y el plazo de las ofertas era fines de 2022, pero ha sufrido sucesivos retrasos. La apertura de esas ofertas recién se hará en diciembre, un año después de lo estipulado; dado el grado de congestión en la vía, es vital no retrasar aún más la iniciativa. Otros proyectos del gobierno anterior han sufrido similares demoras. Y, aunque en algunos de ellos se han abierto las ofertas, aún no han sido adjudicados.
Pero no solo se retrasan las concesiones de la administración Piñera. No parece haber tampoco avances en los proyectos anunciados para 2023, o al menos ninguno tiene un llamado a licitación. Es posible que en los restantes seis meses del año ello ocurra respecto de algunos, pero es difícil imaginar que sea el caso de todos los originalmente programados (once).
No resulta claro si los problemas para un avance más satisfactorio radican en la Dirección de Concesiones, pero ello es poco probable, pues la mayor parte del personal es estable y mostró eficiencia en el pasado. Diferente es la situación de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP), que ha sufrido varios cambios de jefatura, pero Concesiones ya no depende de ella.
Es posible, así, que las dificultades se sitúen en otros ámbitos. Parece claro, por ejemplo, que los retrasos del año pasado tuvieron parte de su explicación en el ambiente refundacional y de poca atención al crecimiento que se dio en la primera etapa de este gobierno. De hecho, la propuesta constitucional que esta administración apoyó debilitaba la propiedad de los bienes incorporales, base para el desarrollo de una industria de concesiones de infraestructura, y que el ánimo imperante en la Convención miraba a las concesiones, en todas sus formas, como una privatización solapada.
Es de esperar que al menos parte del plan se cumpla. El país requiere ampliar y modernizar una infraestructura de concesiones diseñada hace treinta años. Esto reducirá los costos logísticos y mejorará la seguridad. Dificulta aquello el hecho de que, incluso ya adjudicada una licitación, el desarrollo de los proyectos tarda mucho más de lo que debería. Esto, pues antes de iniciar una obra se debe aprobar el estudio ambiental, lo que a su vez requiere un proyecto de ingeniería y una línea de base. Esta línea usualmente tarda dos años en completarse. Además, por trabas como estas los proyectos resultan tanto más caros que en el pasado: las empresas deben inmovilizar recursos por años hasta empezar la construcción.
Sin duda, es imprescindible proteger el medio ambiente, pero esto debe realizarse mediante mecanismos más flexibles, ágiles y con menos incertidumbre que los actuales. Existen países desarrollados en los que es posible ejecutar proyectos en plazos razonables, y deberíamos aprender de ellos para así disponer de una infraestructura moderna y de menor costo que contribuya a aumentar la productividad.
Fuente: El Mercurio