Afirman que existen concesiones adjudicadas por más de US$ 6.000 millones, convenios complementarios en autopistas y contratos de conservación de la Dirección de Vialidad que pueden apurarse. Critican una excesiva evaluación de parte de los ministerios de Hacienda y Desarrollo Social.
Las principales proyecciones del mercado indican que las inversiones en infraestructura terminarán este año con importantes caídas y, con ello, el empleo en el país seguirá deteriorándose.
La Corporación de Bienes de Capital (CBC) vaticinó recientemente que las inversiones públicas y privadas con cronograma definido en el país caerían 30% anual en 2023, a US$ 14.750 millones. En ese contexto, el desembolso en obras públicas bajaría 10,7% respecto de 2022, llegando a US$ 4.237 millones. A la vez, los empleos en el área de OO.PP. terminarían al cierre de este año con una disminución de 26,6% respecto de enero pasado, concluyendo con 31.331.
Asimismo, las últimas estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) señalan que la inversión en construcción caería 5,9% anual este ejercicio.
¿Cómo activar el empleo y la inversión en infraestructura en el corto plazo para reactivar la economía? Esa fue la pregunta central que “El Mercurio” efectuó a los máximos representantes de la CChC, la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa) y el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
En sus respuestas proponen apurar los proyectos que están visados por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), entre ellos concesiones ya adjudicadas por más de US$ 6.000 millones, convenios complementarios en autopistas concesionadas y contratos de conservación de la Dirección de Vialidad. A ello se suma reducir las revisiones de planes en los ministerios de Desarrollo Social y Hacienda y otros permisos de entes estatales.
Recuperar obras abandonadas
El presidente de la CChC, Juan Armando Vicuña, sostuvo que “es relevante que el sector público impulse el empleo y la inversión en la medida que ejecute su presupuesto anual de manera oportuna. Por eso preocupa que a abril de este año el MOP, principal organismo que debe generar actividad vía inversión pública, presenta un gasto asociado a iniciativas y proyectos de inversión del orden de 20% inferior respecto a la misma fecha de 2022”.
Vicuña señaló que “otro de los puntos que vemos que ha sido un obstáculo en las inversiones es la exigencia adicional impuesta por los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia, que decidieron incorporar la evaluación social a todos los proyectos de conservación, afectando llamados a licitaciones y los pagos a proyectos en desarrollo”.
Respecto de las obras de ejecución sectorial del MOP, Vicuña indicó que se deben actualizar los presupuestos de los llamados a licitación efectuados en diciembre de 2022 para que concurran oferentes, se adjudiquen y ejecuten. Se trata de unas 100 iniciativas.
Asimismo, el timonel de la CChC afirmó que existen poco más de 100 obras que quedaron abandonadas por problemas económicos de las empresas ejecutoras, afectadas por el alza de los precios de los materiales y la pandemia. “Estas obras pueden ser retomadas rápidamente, si existe la convicción del Ministerio de Obras Públicas de incentivarlas y dinamizar así la inversión y el empleo”, aseguró.
Los empleos en el área de OO.PP. terminarían al cierre de este año con una disminución de 26,6% respecto de enero pasado, concluyendo con 31.331 puestos de trabajo en diciembre próximo.
Convenios con autopistas
Leonardo Daneri, presidente de Copsa, comentó que existen cerca de US$ 6.500 millones en proyectos adjudicados, de los cuales algunos están terminando sus ingenierías de detalle o realizando trámites ambientales y administrativos. “Con la permisología y burocracia que tenemos, estas obras demorarán cinco a seis años en construirse. Pero si se apuran, podrían hacerse en la mitad del tiempo”, sostuvo. Mencionó como ejemplo la autopista Américo Vespucio Oriente II (AVO2), que conecta el tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes, que está pendiente de autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales por hallazgos arqueológicos.
Daneri pidió concretar los convenios complementarios en autopistas concesionadas, cuestión que depende del MOP. En este caso, se trata de planes que ya están avanzados en sus ingenierías y suman US$ 5.000 millones a US$ 5.500 millones. Son obras de servicialidad, terceras pistas, pasarelas, nuevos enlaces, entre otros.
Si bien recientemente la Dirección General de Concesiones indicó que prevé licitar proyectos por US$ 4.216 millones a diciembre próximo, y otros US$ 3.346 millones en 2024, en el sector indicaron que esas iniciativas desplegarían inversiones y empleos dentro de cinco años más.
CPI pide velocidad
La semana pasada, los expresidentes de la República e integrantes del CPI, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, plantearon la necesidad de que se concreten grandes obras de infraestructura y se genere empleo en el país.
Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, coincidió con la CChC y Copsa en que se debe dar “máxima velocidad” a la cartera de obras del MOP, junto con agilizar las evaluaciones de parte del Ministerio de Desarrollo Social. “Tenemos un problema serio en la administración para autorizar el gasto del MOP. Si no se agiliza, tendremos una complicación de ejecución presupuestaria mayor”, advirtió.
Cruz sostuvo que “es curioso que se evalúe socialmente proyectos de mantención de carreteras, no es necesario”. En este caso, se refiere a los contratos de conservación de la Dirección de Vialidad del MOP.
“Los problemas de crecimiento y empleo deben enfrentarse con la misma profundidad y urgencia como cuando empezó el covid-19. Ahí se impulsó la inversión y se crearon 200.000 puestos de trabajo nuevos. Hay que abordarlo con esa lógica para evitar reducción de fuentes de trabajo y problemas sociales”, afirmó Carlos Cruz.
Fuente: El Mercurio